A 88 años del golpe de estado fascista, que causó una guerra y que implantó una dictadura de 40 años, las asociaciones memorialistas agrupadas en PAMA piden a Azcón "respeto con las víctimas del franquismo y con la verdad", que anule la derogación de la Ley de Memoria –pendiente de resolución definitiva del Constitucional– y la retirada del Plan de Concordia

El jefe del Consell, que aseguró no conocer el documento original, señaló que si en él se han incluido críticas a la ley valenciana es porque la ONU “no se ha leído” la iniciativa valenciana. El tirón de orejas de Naciones Unidas no hizo moverse un ápice de su posición a Mazón, que insistió en el argumentario desplegado por su Ejecutivo desde la presentación de la iniciativa conjunta de PP y Vox.

Naciones Unidas responde a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes aprobadas por PP y Vox en Aragón y en trámite en Castilla y León y Comunitat Valenciana "Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación", esgrime el informe.

De un tiempo a esta parte, sobre todo con la irrupción de Vox en el panorama político, se juega a blanquear el Franquismo. Ahora, las comunidades gobernadas por PP y Vox, entre ellas Castilla y León, han dado un paso más al presentar la proposición de ley de Concordia, donde se omiten, entre otras cosas, las diferencias entre el régimen democrático de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y los primeros años de la Transición. Alegando, como hizo Raúl de la Hoz, portavoz del PP en Castilla y León, que «las víctimas son v

La humorista bilbaina identificó la semana pasada con nombre y apellidos a un hombre que la había insultado y amenazado en redes, puso una denuncia en la comisaría de la Ertzaintza y fue entrevistada en televisión y Youtube. El sindicato policial Esan pide ahora una sanción por «falta de respeto».

El PP, con el arranque del nuevo curso político tras el periodo estival, ha dado el primer paso para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria aprobada durante la pasada legislatura por el Gobierno bipartito PRC-PSOE. Y lo ha hecho presentando una proposición de ley en el Parlamento autonómico días después de que Vox le presionara para dar cumplimiento al acuerdo de revocar la norma alcanzado por ambas formaciones hace un año.

José María Asencio Gallego, es un destacado magistrado en el Juzgado de lo Penal n.º 11 de Barcelona, cuya trayectoria abarca una serie de logros notables en el ámbito legal y académico. Además de su destacada labor académica, el José María ha dejado una marca significativa en el ámbito de la investigación jurídica. Es autor de cuatro monografías jurídicas, entre las que se incluyen títulos como "El derecho al silencio del investigado como manifestación del derecho de defensa" y "Medidas cautelares en el proceso penal".

Las multas administrativas impuestas al amparo de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como 'ley mordaza', aumentaron en 2023 hasta alcanzar los 174 millones de euros, lo que representa un 17% más que el ejercicio anterior.

La misión de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) afirmó este domingo que la nueva ley de los talibanes, que obliga a las mujeres a llevar velo y les prohíbe hablar en voz alta, arroja "una visión desoladora del futuro". El organismo de la ONU se mostró "preocupado" por la promulgación esta semana en Afganistán "de una nueva ley sobre la moralidad que impone restricciones amplias y de gran calado a la conducta personal, y otorga a la policía de la moral amplios poderes"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado el “rechazo total” del Gobierno hacia la Ley para la Propagación de la Virtud impuesta por los talibanes en Afganistán, que obliga a las mujeres a guardar silencio en público. “Condenamos toda vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas”.Rel www.meneame.net/m/actualidad/talibanes-prohiben-sonido-voz-mujer-publi

Se trata de un mecanismo que permite a las comunidades autónomas ceder la guardia provisional de menores migrantes a entidades que los acojan en la península, aunque su tutela siga en manos del Gobierno de la autonomía de origen.

El fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ha propuesto modificar el Código Penal para que se pueda prohibir el acceso a Internet o a redes sociales a quienes hayan utilizado estos canales para cometer delitos de odio. Esto es, a quienes promuevan o inciten directa o indirectamente a la discriminación de determinados colectivos vulnerables a través de la red.

Esta petición de cambio de sexo condiciona el proceso judicial, ya que, en principio, al declararse mujer, no se le podría aplicar la legislación contra la violencia de género.

Esta investigación se ha realizado en colaboración con The Guardian. Este reportaje se basa en nuestras investigaciones del 24 de junio y el 11 de julio sobre la influencia encubierta del gobierno israelí. El gobierno israelí solicitó asesoramiento jurídico sobre una ley federal estadounidense que exige la divulgación de las campañas de lobby respaldadas por el extranjero, ante la preocupación de que la creciente aplicación de la ley pudiera atrapar a grupos estadounidenses que trabajan en coordinación con el gobierno israelí, según sugieren d

La Ley de la Restauración de la Naturaleza, la primera en la UE que obliga a restaurar la naturaleza y no sólo protegerla, entró en vigor hoy tras haber estado cerca de descarrilar en su tramitación, por el Partido Popular Europeo en la Eurocámara y Hungría en el Consejo. La meta es restaurar el 20% de ecosistemas degradados en 2030 y todos en 2050 incluidas tierras de cultivo, corregir la disminución de polinizadores, recuperar 30% de turberas vaciadas para agricultura, no reducir espacios verdes urbanos y quitar barreras artificiales en ríos.

Lo que viene a justificar la diputada del Partido Popular es precisamente la ruptura de la separación de poderes que se está produciendo en España, donde los jueces deciden qué leyes aprobadas por el poder legislativo aplican y cuáles no en base a sus intereses políticos y los de quienes les nombraron, a la sazón, el Partido Popular.

En España se ejecutan 82 desalojos al día, según el Poder Judicial, pero cada uno tiene protagonistas y problemas diferentes