Una mujer está luchando para que la policía municipal de Vitoria le retire una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné por saltarse un semáforo. El caso es que se lo saltó para dejar pasar a una ambulancia.

El alcalde cita la ocupación, los grafitis o la venta ambulante ilegal como algunas de las prácticas que perseguirá esta nueva normativa municipal, que no incluyó en su programa electoral

Se enfrenta a una multa de 1.000 euros y detracción de 6 puntos. Una vez identificado el conductor, fue sometido a las pruebas establecidas arrojando un resultado positivo en el test indiciario de drogas que mostró la presencia de sustancia estupefacientes o psicotrópicas en su organismo.

UGT, ESK y LSB-USO consideran “un chiste” que la empresa catalan achaque sus reiteradas sanciones de la Inspección de Trabajo a que se denuncia “cualquier cosa” cuando comete irregularidades “desde el primer día”. En el último año, la Inspección de Trabajo ha constatado 23 infracciones por parte de Grup La Pau. Una es “muy grave” y las otras 22 son “graves”. Es más, después de que se diera a conocer esa cifra han seguido llegando más denuncias con hechos acreditados como la presencia de trabajadores sin contrato, según indican los sindicatos.

El preacuerdo alcanzado contempla la consolidación de una bolsa de empleo con carácter permanente y por orden de antigüedad en la que se incluirán los dos trabajadores despedidos y en el orden en el que les correspondía. Y es que, según denunciaba el lunes en rueda de prensa el responsable de Transportes de la CIG en Santiago, Inácio Pavón, la empresa se saltaba la lista e incluía en ella "a familiares" de los responsables.

Es la última de una larga tanda de licitaciones que la Xunta tiene que declarar desiertas. En un problema que afecta al SERGAS, al 061 e incluso al transporte de sangre y cuya raíz es, según coinciden empresarios y sindicatos, es el empeño de la Administración en ahorrar hasta el último céntimo en la prestación de estos servicios públicos, lo que al final acaba provocando huelgas de trabajadores que padecen atrasos y empresarios operando asumiendo pérdidas. En última instancia, el deterioro de lo público.

Una vecina de La Ina denuncia lo sufrido el pasado 29 de mayo con su padre, un hombre de 81 años enfermo, para el que pidieron una ambulancia a Jerez y, al ver que esta no llegaba, tuvieron que contratar una privada

El contrato de emergencias entró en vigor en agosto de 2023 por valor de 147 millones de euros y el de programada iba a renovarse en mayo por 135 millones pero quedó paralizado por un recurso de UGT que alertaba de que Grup La Pau no podía acceder a él por haber recibido una sanción “muy grave” de la Inspección de Trabajo por retraso en el abono de las nóminas.

La plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) de València pone una denuncia por el acoso inmobiliario que está sufriendo Carmen Débora, de 89 años, a quien tratan de amedrentar para que abandone su casa, cuyo propietario alquila por habitaciones todas las viviendas del edificio.

La comunicación que trasladaron en ese mensaje de texto es la de tener que recoger, a partir de ahora, a los pacientes en las propias habitaciones, cuando antes se hacía en las zonas de acceso de los centros. Un cambio aplicado “de forma unilateral” del que, admite Fernández, todavía desconocen la motivación, pero que ni facilita el trabajo ni acorta los tiempos, como “excusan” las autoridades sanitarias. Más bien todo lo contrario, considerando, además, que esa no es la labor de los profesionales que llevan las ambulancias.

A este respecto, denuncian que Carlos Simón está "utilizando los vehículos del servicio programado, adscritos al contrato público, para servicios privados durante el fin de semana". "Se están dando situaciones tan alucinantes que el pasado fin de semana un trabajador adscrito a este servicio programado estuvo toda su jornada laboral sentado en la base porque no tenía vehículos, porque se estaban utilizando para servicios privados que se facturan aparte", lamentan desde la CIG.

Pocas personas en Ucrania lo saben, y casi nadie habla de ello públicamente. Es hora de llamar la atención sobre esta situación kafkiana y hacerla pública. Desde 2017, varios proyectos de Ley de Asignación Consolidada de Estados Unidos han contenido la siguiente enmienda: "Ninguno de los fondos puestos a disposición por esta Ley podrá utilizarse para proporcionar armas, entrenamiento u otro tipo de ayuda al Batallón Azov".

La Consellería les ha trasladado que «hay más de una empresa» interesada en el contrato de emergencia del servicio de transporte sanitario urgente, y que éste será adjudicado antes del miércoles próximo. Al respecto, prevén una nueva reunión la semana que viene con la nueva adjudicataria para abordar, entre otras cuestiones, la subrogación del personal, las condiciones de trabajo, necesidades de vehículos, situación de los centros de trabajo o uniformidades.

Las organizaciones sindicales CIG, CC.OO. y USO volverán a reunirse este jueves con representantes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y del 061-Galicia para tratar de alcanzar un acuerdo y poner fin al conflicto de Ambulancias do Atlántico, concesionaria del servicio de transporte sanitario y urgente en Vigo, Cangas y Moaña, intervenida tras impagos a los trabajadores.

Lo ocurrido en el área sanitaria de Vigo no debería sorprender si atendemos detenidamente al polémico historial del apellido Simón en el sector. Sin ir más lejos, lo que están experimentando hoy los trabajadores de Ambulancias do Atlántico ya es algo que se vivió hace años en Ambunova en esta misma comunidad y que repitió la compañía en Aragón, donde la empresa llevaba el transporte sanitario urgente tras hacerse con el contrato en una Unión Temporal de Empresas junto con Acciona, una empresa en la que participaba Edgar Nolla...