El tribunal especial se agarra a un error formal de un investigado, que permitió subsanar en otros casos, para no valorar las opiniones del juez contra la amnistía, y tiene pendiente analizar la errata con el plazo de instrucción denunciada por las defensas. La única esperanza que las defensas del caso tienen en poder apartar a García Castellón es un número: 324. Es el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regula los plazos de instrucción y que, según los independentistas, García Castellón vulneró, lo que, a su juicio, aboca.....

La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de la Fiscalía en el que consideraba los hechos atribuibles a la plataforma Tsunami Democràtic como desórdenes públicos y no como terrorismo en concordancia con la decisión del Tribunal Supremo, que avaló recientemente la instrucción del juez Manuel García Castellón.

El servicio de emergencias de Cataluña responde al juez García-Castellón que optaron por trasladar en helicóptero al ciudadano que sufrió un infarto porque era el medio más rápido para trasladar a un paciente de gravedad, no porque los accesos estuvieran bloqueados por los manifestantes. También que la incidencia médica se produjo en la T2 del aeropuerto, cuando los altercados tuvieron lugar en la T1. El juez ha pedido diligencias para investigar si el paro cardíaco se produjo como consecuencia del tumulto y las algaradas registradas en el…

El juez Manuel García-Castellón firmó el 2 de agosto de 2021, tres días después del plazo límite legal, el auto en el que dictaba la primera de las cinco prórrogas de la investigación en el caso Tsunami Democrátic. El escrito del magistrado tiene fecha de 30 de julio de 2021 —aunque en él se dice que la prórroga de seis meses comenzará un día antes, el 29 de julio—; sin embargo, la firma electrónica lleva firma del 2 de agosto. Tres de los imputados han presentado recursos de reforma ante el propio juez y de apelación ante la sala de lo Penal..

La Justicia helvética se niega a facilitar información sobre la localización de Marta Rovira y sobre varias cuentas bancarias y afea al magistrado español su insistencia en vincular a los políticos independentistas con actos de terrorismo.

Nuevo escrito del abogado de Carles Puigdemont en el caso Tsunami. Gonzalo Boye acaba de reclamar la nulidad de parte de las actuaciones al apreciar irregularidades en la prórroga de la instrucción. Argumenta que el juez instructor contaba con un plazo de 12 meses para dictar la extensión de la investigación y que se retrasó varios días. El caso Tsunami está removiendo los cimientos de la ley de amnistía debido a la acusación de terrorismo que pesa contra el expresident catalán y Marta Rovira.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro concluyó la investigación sobre las grabaciones a casi cien mujeres orinando durante la celebración de A Maruxaina celebrada en 2019 en San Cibrao; hay un sospechoso de haber grabado esas imágenes que fueron incorporadas posteriormente a páginas web de contenido erótico. De esta forma, la jueza de Viveiro ha ordenado que se continúe por los trámites habituales el procedimiento abreviado frente a ese sospechoso por si los hechos investigados fuesen constitutivos de un delito de pornográfico.

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Koldo rechaza entregar a la Fiscalía Europea esta causa, por lo que ha solicitado al Tribunal Supremo que decida en qué manos debe quedar la investigación de la misma. Moreno da así respuesta a la petición del Ministerio Público europeo, que a finales de mayo solicitó asumir íntegramente este procedimiento, debido a que podría afectar a fondos de la UE y a que este organismo supranacional considera la supuesta trama corrupta investigada como un único entramado.

España vive sujeta a un inusitado debate público sobre la politización de la justicia. En este marco, no podía quedar fuera del debate el Tribunal Constitucional, cuya composición actual fue aprobada recientemente, lo que no ha sido óbice, para que el PP cargue contra algunos de sus magistrados por su currículum, o por sus reconocimientos públicos, negativos si los concedió un Gobierno socialista y sin menoscabo alguno si lo hizo el presidente Rajoy o el ministro de Justicia Ruiz Gallardón.

El senador por Lugo José Manuel Balseiro fue nombrado por el PP vicepresidente de la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta. El mariñano se despidió en abril del Parlamento gallego tras seis legislaturas y tomó posesión como senador por la provincia de Lugo.

Se trata de un jefe de grupo, que tenía a varios agentes a su cargo, con conocimiento de las distintas operaciones policiales que lleva a cabo la Ertzaintza...

La justicia francesa ha comunicado a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, la apertura de una investigación por posibles delitos de terrorismo, detención ilegal o coacciones, lesiones, atentado, falsedad en documentos mercantiles y daños patrimoniales en el marco del 'caso Tsunami', en referencia a la plataforma Tsunami Democràtic y los disturbios que se le achacan.

Las autoridades suizas reiteran al instructor en un escrito fechado el pasado 22 de mayo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que los actos descritos en la comisión rogatoria no entran en el ámbito de aplicación del Código Penal suizo: “La jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al Qaeda, pero NO las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados y a otras 42 personas en la pieza 8 del caso Púnica por las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).

"Se han convertido en los países con mejor desempeño de la región".

Joana Sales (Barcelona, 1977) pasó varios meses con hematomas en la cara, las muñecas y los dos brazos. Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2022. La joven, musicóloga y militante del Sindicat d'Habitatge del Raval, tenía previsto visitar a una amiga del barrio. El reloj marcaba las 21.00 de la noche y casi no había luz en las calles de la Ciudad Condal. Joana había salido poco antes de su casa y nada le hacía presagiar que acabaría la noche en comisaría. Los Mossos d'Esquadra trataban de desahuciar a su amiga cuando ella llegó.

El periodista del periódico Directa Jesús Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet, 1974), conocido por destapar numerosos casos de infiltración policial en movimientos sociales, está exiliado en Ginebra (Suiza) desde finales de 2023, tras ser investigado por "terrorismo" y acusado de tener información previa de las manifestaciones organizadas por Tsunami Democràtic en otoño de 2019.

La investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entró el miércoles en una segunda fase al marcar los jueces de la Audiencia Provincial hasta donde alcanza la denuncia de Manos Limpias para investigar. Y de todos los supuestos indicios presentados por el pseudosindicato solo se salvan las dos copias de una carta-tipo en la que Begoña Gómez estampó su firma recomendando a una UTE de empresas que finalmente consiguieron dos contratos públicos.

El movimiento podría arrebatar la causa al tribunal especial, que puede plantear un conflicto de competencias que resolverá el Supremo. Como uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para valorar si concurrían los requisitos para asumir la competencia también por estos hechos. Tras recibir esa documentación, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha efectuado esta mañana un registro de aproximadamente tres horas en la sede de Consejo Superior de Deportes (CSD) y en el Ayuntamiento de Madrid en el marco de la investigación por el caso Begoña Gómez. Los agentes han intentado recabar información sobre posibles expedientes otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés. Tiene que ver esta operación de la UCO con la denuncia del sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, investigada en la causa abierta a Tsunami Democràtic por terrorismo, ha quedado en libertad tras una breve comparecencia ante el juez en la que ha defendido que el independentismo no es un movimiento violento. Molina, que ha declarado por videoconferencia desde Barcelona, ha sido la única de la decena de investigados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que ha acudido a la citación judicial de este miércoles.

La Fiscalía Anticorrupción no archiva la denuncia dando a entender que ve hechos punibles pero que por la naturaleza de los mismos no entran dentro de su ámbito competencial

El bullying, la xenofobia y el machismo salen gratis dentro del Partido Popular. Las fuertes denuncias de diferentes miembros del PP sobre el ansia desmedida de poder, de control y de influencia dentro del organigrama de los populares no ha servido para que el Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid decida investigar el denominado caso espías.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha archivado el caso de una joven detenida por la Policía Local de Málaga tras llevarse toda la noche de juerga por diferentes bares a su hija de 4 años. La menor manifestó en el hospital que tenía hambre porque llevaba 24 horas sin comer. La secuencia de los hechos comenzó a las 11.00 horas de este domingo 12 de mayo en un bar del distrito Bailén-Miraflores, en la capital. La joven, de 27 años y de origen centroamericano, llegó acompañada de un hombre y de su hija al local y pidió un par de ...

El juez Ismael Moreno descarta la implicación de las empresas Globalia y Wuakalua en los hechos investigados cuando la supuesta vinculación de ambas compañías con la causa y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, han motivado la apertura de un procedimiento en un juzgado de Madrid. El juez Moreno, que ya rechazó citar a Gómez como testigo, también desestima la declaración de los responsables de ambas firmas