La petición del Fiscal Anticorrupción de 19 años de cárcel contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se basa en el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa.

La Fiscalía Anticorrupción no archiva la denuncia dando a entender que ve hechos punibles pero que por la naturaleza de los mismos no entran dentro de su ámbito competencial

La Fiscalía Europea acusó a la Fiscalía Anticorrupción de no haberle facilitado una parte de la información que tenía en su poder sobre las presuntas irregularidades para la compra de mascarillas de los Gobiernos de Baleares y Canarias.El organismo con sede en Luxemburgo destaca que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al informar sobre la compra de mascarillas de Canarias y Baleares, no aludió "a la existencia de sospechas de irregularidades en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la UCO elaboró"

La investigación sobre la Operación de Catalunya se divide y se marcha a Madrid. La Fiscalía de Barcelona ha decidido enviar a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, la denuncia del mayor Josep Lluís Trapero, contra la policía patriótica del PP, que lo acusó de falsos hechos delictivos, según consta en los papeles de la Operación Catalunya. La Fiscalía de Barcelona también ha resuelto que envía a la Fiscalía de Madrid la denuncia presentada, el marzo pasado -ante la difusión de nuevos audios del comisario José Manuel Villarejo-...

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular (PP) de la región, Esperanza Aguirre, acuda a testificar al juicio sobre la caja b de los populares madrileños. El ministerio público ha trasladado a la Audiencia Nacional esta motivación, fundamentada en lo vital del testimonio de la persona que dirigía el partido en el momento en el que se cometieron los presuntos delitos. De acudir a la vista oral, Aguirre podría encontrarse con antiguos pupilos como Francisco Granados.

Crónica Libre desvela ahora en exclusiva unos vídeos grabados dentro del Juzgado Central de Instrucción número 6 en los que se aprecia cómo el magistrado y los fiscales Anticorrupción Miguel Serrano e Ignacio Stampa (sin presencia de la defensa) acuerdan el calendario, hablan de la «cobertura jurídica y planean los pasos a seguir: «Tendremos que ser muy precisos».

La fiscal, encargada del macrosumario sobre la trama Púnica, entre otros procedimientos, invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para tratar de obtener respaldo a su intención de practicar una serie de diligencias que el responsable no veía necesarias. Buscaba reclamar al juez que se dirigiera a la Agencia Tributaria y defendía que había indicios de revelación de secreros en esos emails, con datos de periodistas y políticos.

Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en la que informa sobre los hechos probados de que Naturgy Generación manipuló el mercado eléctrico con el objeto de incrementar sus beneficios. La asociación considera que la compañía podría haber incurrido en un delito contra el mercado y los consumidores. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha hecho pública una sanción de seis millones de euros a dicha eléctrica por realizar ofertas a precios excesivos en el periodo comprendido entre el…

Han pasado cinco días desde que Crónica Libre publicara en exclusiva que el fiscal Carlos Yáñez colaboró con «La Mafia» del Grupo Planeta desde Anticorrupción. Era un primer paso de un escándalo mayúsculo que salpicaba de lleno al departamento que dirige Alejandro Luzón. Pero no fue el último, ayer lunes, este medio publicó la prueba definitiva: el vídeo que muestra cómo los representantes del Grupo Planeta (editores de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y La Razón) manipulaban pruebas dentro de la propia Fiscalía.

La Fiscalía Europea ha anunciado al partido ultra Vox que rechazará que ejerza la acusación popular en la investigación que dirige para aclarar dos contratos que habrían sido sufragados con fondos europeos y que fueron separados del caso Begoña Gómez, que dirige el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, contra la mujer dle president del Gobierno, Pedro Sánchez, por tráfico de influencias. El órgano comunitario habría trasladado su decisión a la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro...

La exfiscal general del Estado está a un paso de perder la máxima categoría dentro del Ministerio Público a la espera de que el alto tribunal resuelva más recursos contra su nombramiento.

La Fiscalía recurre la imputación del empresario Barrabés en la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez. El magistrado tomó declaración a Barrabés como testigo y después le impuso la condición de investigado a propuesta de las acusaciones populares

La sección de delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal a la exconsellera de Justicia e Interior Elisa Núñez –y que esta semana ha anunciado que se da de baja de VOX– ante sus declaraciones sobre el crimen de Gata de Gorgos (Alicante), cuando se refirió a la detención de varias personas de origen marroquí y acusó a la izquierda «de poner en peligro nuestro pueblo con su ceguera ideológica».

El Ministerio Público lleva a juicio a las personas de la trama desarticulada. La Fiscalía reclama condenas que suman 442 años de cárcel para 51 presuntos narcos que fueron detenidos en una de las operaciones contra la droga más ambiciosas llevadas a cabo por Guardia Civil y Policía Nacional en la Isla. La actuación policial llevó a los mayoristas que suministraban la droga desde Barcelona y Valencia y llevó a la incautación de más de 1.500 kilogramos de cocaína.

Nadie irá a la cárcel por la pieza central del macrosumario . Solo el principal acusado en la operación Carioca ha sido condenado por la Audiencia de Lugo a una pena de prisión, pero no entrará en ella. Se le acusaba de dos delitos: omisión del deber de perseguir delitos (en relación a la investigación de un matrimonio de conveniencia) y solicitud sexual por parte de funcionario público en concurso con un delito de abuso sexual. Se enfrentaba a una pena total de 19 meses de cárcel.

La Fiscalía de Madrid ha rechazado que se amplíe a cuatro delitos más la investigación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como habían pedido PSOE y Más Madrid. El Ministerio Público considera que practicar más diligencias es innecesario y demoraría el enjuiciamiento del empresario por los dos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil que originaron el caso

El Ministerio Público critica que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona considere que el ataque verbal no estuvo motivado por la orientación sexual de la víctima sino por su forma de vestir.

"La Comisión de Fiscales va a requerir la máxima pena, toda vez de que se acreditó la existencia del hecho a través de la prueba documental presentada junto a la acusación", dijo el fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, Sergio Fajardo. El juicio oral contra los acusados comenzará el 2 de septiembre de manera virtual, de acuerdo con la notificación oficial del juzgado a cargo del caso. old.meneame.net/story/ayuso-alvarez-toledo-unen-vox-pedir-liberacion-g

Los fiscales de Florida sabían que el fallecido millonario y financiero Jeffrey Epstein agredió sexualmente a adolescentes dos años antes de llegar a un acuerdo de culpabilidad que durante mucho tiempo ha sido criticado por ser demasiado indulgente y una oportunidad perdida para encarcelarlo una década antes, según transcripciones publicadas el lunes. La investigación del gran jurado de 2006 fue la primera de muchas realizadas por las fuerzas del orden en las últimas dos décadas sobre la violación y el tráfico sexual de adolescentes por...

El fiscal considera probado que los correos fueron filtrados antes de que los fiscales imputados tuvieran acceso y ante los indicios que apuntan al entorno de Ayuso como fuente, reclama al juez que cite a su pareja, Alberto González y a su abogado, para que testifiquen a quién dieron acceso a sus comunicaciones con el Ministerio Público sobre las negociaciones para su acuerdo por fraude fiscal

La Consejería de Educación ha enviado a la Fiscalía un segundo caso de construcción irregular de un centro educativo. Se trata de la Escuela de Arte de Alcalá, que se levantó con un presupuesto de 1,2 millones pese a que no se licitó ni se sacó a concurso público, como manda la ley y como publicó elDiario.es. El pago, que no estaba sostenido por ningún contrato, se hizo a través de fraccionamiento de facturas, como si fueran un sumatorio de contratos menores, lo que evita el control económico y de la intervención.

Cuarenta abogados han pedido formalmente a la Fiscalía Superior de Canarias que impida que se celebre una manifestación contra la inmigración convocada para este sábado, 6 de julio, en Las Palmas de Gran Canaria al percibir en sus consignas indicios de que puede incurrir en un delito de odio.

El relato del Ministerio Público, que reclama una condena de un año y nueve meses para la actriz sevillana, destaca que actuó movida por el "ánimo de oponerse a la actuación policial"

Asegura que "es claramente necesaria la determinación y precisión judicial, a efectos de garantizar la plenitud del derecho de defensa" El ministerio público incide en que "no existe resolución judicial que recoja [...] qué hechos se investigan"

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Koldo rechaza entregar a la Fiscalía Europea esta causa, por lo que ha solicitado al Tribunal Supremo que decida en qué manos debe quedar la investigación de la misma. Moreno da así respuesta a la petición del Ministerio Público europeo, que a finales de mayo solicitó asumir íntegramente este procedimiento, debido a que podría afectar a fondos de la UE y a que este organismo supranacional considera la supuesta trama corrupta investigada como un único entramado.

Al acusado, que contrajo una deuda con Hacienda de 3,2 millones de euros, se le acusa de un delito de frustración de la ejecución mediante el envío de dinero a Suiza.

La citación se produce con la duda de si el empresario llegará a un acuerdo con el Ministerio Público para reducir la condena de cárcel a la que se expone por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental y evitar entrar en prisión. Fue la Fiscalía quien lo llevó a los tribunales después de que Hacienda detectara el fraude, tal y como informó en exclusiva elDiario.es.