En la Política hay una cierta flexibilidad a la hora de evaluar las declaraciones que se han hecho en distintos momentos. Pero en el Derecho no la hay. En el mundo del Derecho hay un principio en torno al cual gira el ordenamiento jurídico del Estado Constitucional. Es el principio del paralelismo de las formas. De acuerdo con tal principio, para que una declaración del presidente del Gobierno o del Ministro Hacienda contradictoria con la que ellos hicieron ante el Pleno del Congreso de los Diputados pudiera surtir efecto en un proceso penal..

La investigación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el uso de fondos públicos en el 'procés' catalán acredita una malversación de 1.915.067, 22 euros, según se desprende de los informes de la Guardia Civil tras levantarse el secreto de la pieza de la investigación.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre "el soporte objetivo concreto" de sus declaraciones en las que dijo tener certeza de la ausencia de gasto público para la organización del 1-O. El magistrado destaca que esas declaraciones contradicen "las fuentes de prueba" que figuran en la instrucción de la causa.

El juez del caso del procès en el Supremo, Pablo Llarena, ha pedido por escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique “a la mayor brevedad posible” por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Ello contradice las fuentes de prueba del sumario, dice el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación.

El juez Pablo Llarena requiere al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre el soporte objetivo concreto de sus declaraciones en las que supuestamente expresó tener certeza de la ausencia de gasto público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña, algo que el magistrado destaca que contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.

¿Carles Puigdemont malversó? Este es el cargo de la judicatura española contra el líder catalán. Pero los proyectos de ley del referéndum no son fáciles de encontrar. Ya en septiembre de 2017, el ministerio de Monoro había asumido el control de los gastos del gobierno regional catalán. De manera similar, el primer ministro Mariano Rajoy había declarado anteriormente que "ni un solo euro" del fondo de liquidez regional del gobierno central había fluido en el referéndum. Acusación contra Puigdemont por malversación de impuestos difícil de probar

El diario precisa que la Justicia alemana ha pedido aclaraciones a la Justicia española, pero que sin embargo los investigadores españoles "no han podido encontrar la factura de las 10.000 cajas transparentes producidas en China", que se utilizaron en el referéndum del 1 de Octubre.

Las declaraciones de Cristóbal Montoro sobre el uso de fondos públicos para la celebración del referéndum del 1-O chocan frontalmente con el informe final que la Guardia Civil entregó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que sirvió de base del procesamiento de los acusados en la causa por el 'procés'. El ministro de Hacienda ha negado en una entrevista concedida a 'El Mundo' que se utilizara dinero de las arcas del Estado para sufragar la consulta. "No con dinero público", ha asegurado tajante

La defensa de Puigdemont aprovecha estas palabras para negar que haya delito de malversación, y piensa incorporar la entrevista a la causa.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha comunicado este lunes a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart que están procesados por rebelión. El auto que concreta estas acusaciones añade al exvicepresident el delito de malversación por el presunto desvío de fondos para costear la votación, algo que Junqueras ha negado tajantemente ante el magistrado que instruye la causa: "No se ha dedicado un solo euros del presupuesto al procés".

Ya lo había admitido el presidente español, Mariano Rajoy, en el Congreso y ahora el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo ratifica. El referéndum del 1-O no se pagó con dinero público. Así lo ha asegurado en una entrevista en El Mundo, donde ha soltado que "yo no sé con qué dinero se pagaron estas urnas de los chinos del 1-O, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público".

El fiscal somete a un examen de derecho administrativo y presupuestario al ex presidente, pero no demuestra por qué lo acusa de malversación y prevaricación

El tribunal de Schleswig-Holstein ha reclamado más pruebas sobre el delito de malversación pero la Justicia española aprovechará la ocasión para ampliar también las pruebas sobre el delito de rebelión

Un emoticón. El símbolo fue lo único que hizo tuitear a Oriol Junqueras el jueves por la noche. El depuesto vicepresidente de los catalanes ha estado sentado en una prisión cerca de Madrid durante meses . Su alegría por el próximo despido de Carles Puigdemont le dio rienda suelta. O tal vez es por eso.

Del fallo se desprende que la decisión sobre la entrega o no de Puigdemont por la imputación de malversación de fondos está pendiente de que las partes (de un lado, el fiscal del Estado de Schleswig-Holstein, que está sosteniendo la demanda judicial española, y, de otro, los defensores del encausado) aporten información adicional sobre si en el referéndum ilegal del 1-O se produjo una utilización efectiva de dinero público o si la mera asunción de compromisos financieros sería punible aunque no se hubiera llegado a realizar pagos reales.

La Fiscalía alemana ha pedido este martes a la Audiencia Territorial de Schleswig la tramitación de la extradición a España del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.

La justicia alemana ha decidido mantener a Carles Puigdemont en prisión mientras resuelve la Orden de Detención y Entrega de las autoridades españolas. La decisión puede tardar en llegar hasta tres meses. Durante ese tiempo, los abogados del expresidente autonómico tratarán de demostrar un aspecto clave para su futuro procesal: "no hubo violencia en el procés".

El experto en Derecho Penal Gazeas afirmó en Deutschlandfunk (radio pública alemana), que él cuenta que Puigdemont será extraditado, sin embargo solo por la acusación demalversación. Para el delito de Rebelión no existen los requisitos necesarios según el derecho alemán porque Puigdemont no ha hecho uso de la violencia en relación con su intento de conseguir la independencia.

El Gobierno de Francisco Camps sacó un préstamo a largo plazo de 60 millones para abonar la construcción del circuito que le obliga a pagar 7,5 millones de euros anuales desde 2016, lastrando las actuales políticas de vivienda e infraestructuras. Una juez ha imputado a Camps y a más de media docena de personas por prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos por el diseño y los sobrecostes que tuvo la obra que el expresidente garantizo que sería a "coste cero".

La investigación puso de manifiesto gastos de 976 euros facturados a una empresa pública municipal por un viaje a Madrid y visitas a Warner y Faunia, supuestamente disfrutados por "Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos".En su exposición razonada, el juez instructor desgrana toda una serie de "supuestas actuaciones irregulares de saqueo de la empresa pública", incluyendo prácticas "irregulares" con proveedores y clientes"tales como obligarles a facturas dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desprop

La Fiscalía Anticorrupción estudiará al final del juicio de Gürtel si investiga al expresidente de la Generalitat Valenciana y del PPCV Francisco Camps tras la confesión del ex secretario general del partido valenciano Ricardo Costa, quien le ha apuntado directamente como persona responsable de decidir la contratación con la empresa vinculada a la trama Orange Market.