El pleno del Congreso retoma este jueves la reforma prometida y pendiente desde hace casi tres años de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, con el debate y votación de la única enmienda a la totalidad presentada por el PP al texto que propone el PNV, respaldado por la mayoría. En su enmienda a la totalidad, el PP solicita que la norma no sufra cambios y que el Gobierno informe cada seis meses del empleo de una ley que considera más vigente y útil que nunca.

Asistentes a las concentraciones que se llevaron a cabo en mayo en defensa del sistema público de salud han empezado a recibir sanciones por la Ley Mordaza. Critican que la policía no identificó a ningún manifestante en contra del gobierno pese a saltarse normas de seguridad como la distancia mínima.

No hay nada más efectivo para crispar y agitar al pueblo francés que atacar a la esencia de sus valores, a lo que algún día fue lo más elemental de su personalidad: los derechos fundamentales. Y eso hace la nueva Ley de Seguridad Global de Emmanuel Macron en su enésimo despropósito. La ley, aprobada mayoritariamente por la Asamblea Nacional en su primera lectura (308 votos a favor, 66 abstenciones y 104 votos en contra) no es más que la versión francesa de nuestra Ley Mordaza..

Hace un par de noches, la agencia de noticias japonesa Kyodo sorprendía con una noticia que aseguraba que las autoridades de China habían emitido una "orden de mordaza" sobre el coronavirus a los médicos de la ciudad de Wuhan. "Les advirtieron que podrían ser castigados por espionaje si revelaban lo que sucedió durante la etapa inicial del brote", reza la publicación.

Un médico en Wuhan contó que las autoridades sanitarias le dijeron que sería castigado por la ley si revelaba su experiencia, y si se le acusaba de espionaje, se le podría imponer la pena de muerte. Las instituciones académicas de la ciudad intentaron mantener registros del virus y el tratamiento de la infección, pero las autoridades obligaron a cancelar el plan", asegura Kyodo según sus fuentes cercanas a organizaciones médicas y autoridades en Wuhan

El juez “deja patente su criterio respecto a que no podía aplicarse la Ley de Seguridad Ciudadana y que no se produce desobediencia

Si algo ha demostrado desde su entrada en vigor hace cinco años la ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, es su capacidad recaudatoria. El texto que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 permite a los agentes sancionar por infracciones que no llegan a calificarse de delitos

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha determinado que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la llamada 'Ley Mordaza', es constitucional en todos sus puntos, incluido el retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla --siempre que se respeten las garantías legales--, salvo en lo tocante a las grabaciones "no autorizadas" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Los Mossos d’Esquadra inician una nueva estrategia para intentar desarticular el fuerte movimiento por la vivienda de Catalunya a través de la aplicación masiva de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El PP, que se sumó a principios de 2019 a buena parte de los acuerdos para modificar la norma, cambia de criterio y le declara la guerra a la reforma.

Entrevista con el joven antifascista vallecano, que abandonó la prisión el mes de abril del pasado 2019. Alfon fue condenado a cuatro años de cárcel por tenencia de explosivos durante la huelga general de 2012

En los últimos meses, con la pandemia, el estado de alarma y las medidas del confinamiento, la “ley mordaza” ha sido la base para aplicar más de un millón multas y sanciones. Un incremento del 42% sobre el total de sanciones de los primeros tres años y medio tras la promulgación de la ley en 2015 por el Gobierno del PP.

Más de 170 organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales piden al Gobierno de coalición que cumpla su promesa y derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, utilizada en el estado de alarma para imponer propuestas de sanción a un millón de personas.

La propuesta del magistrado Fernando Valdés de modular algunos artículos de esa ley, incluida la limitación de las expulsiones en caliente a entradas violentas y masivas, genera un "debate intenso" y no convence ni a conservadores ni a progresistas

El Gobierno Vasco ha sido condenado al pago de las costas en un procedimiento contra una de las seis personas de Stop Desahucios que fueron sancionadas por tratar de impedir el desalojo de una mujer y sus dos hijos en una vivienda de alquiler social del barrio de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz. Stop Desahucios considera que esta sentencia es un "jaque mate a la 'Ley Mordaza'" y se pone así "punto y final" a aquella "represalia" del Gobierno Vasco, que hizo una "denuncia falsa", impuso una "sanción desproporcionada" y actuó "como juez y parte".

"con lo cual ahora que tenemos la posibilidad de ser influyentes, presionaremos para que todo eso que se enuncia formalmente se traslade a la realidad. Presionaremos con todos aquellos temas que afecten a gran parte de la ciudadanía y a las clases populares. Por ejemplo, la precariedad laboral y social, el incierto futuro de la juventud o los derechos y libertades que se han perdido con las reformas laborales y otras leyes como la Ley Mordaza", afirmaba entonces.

Los abogados consultados por El Salto consideran que la interpretación laxa de la desobediencia por parte del ministro del Interior no será suficiente para que los jueces puedan sancionar razonadamente las propuestas de multa. Pero, en cualquier caso, el trabajo de amedrentar y controlar a la población ya está hecho.

La Coordinadora Rodea el Congreso, también conocida como 25-S, que agrupa a diferentes colectivos de izquierda y extrema izquierda, y que se creó para organizar las concentraciones para rodear el Congreso en 2012, está preparando protestas contra el Ejecutivo. Las nuevas "acciones" llegan después de que la Delegación del Gobierno en Madrid les haya prohibido celebrar ya dos concentraciones para denunciar el malestar social y también la "brutalidad policial" de la que culpan al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la Ley de...

El descontento no es cosa solo de la derecha. Colectivos de izquierda han comenzado a movilizarse para denunciar el abuso del estado de alarma y el empleo de las leyes en las que se sustenta a nivel sancionador, entre ellas la conocida como ley mordaza. El Ejecutivo pasó de anunciar su derogación a sustentar las multas en la norma y su empleo es uno de los puntales del malestar. También la "permisividad" con la que se procede contra manifestaciones como las de la milla de oro y otros puntos de Madrid y que estos grupos consideran excesiva.

El Ministerio del Interior informa de más de 740.000 sanciones desde que se decretó el estado de alarma.

Unos juristas creen que las sanciones son ilegales al no fijarse en el decreto y otros las justifican pero advierten del colapso para su tramitación. [] Incluso la Abogacía del Estado ha puesto en entredicho, en un informe publicado hace unos días, la legalidad de estas decisiones impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que se apoya en la rebautizada como ley mordaza de 2015. Los profesionales del derecho cuestionan la aplicación de un precepto legal sobre el que pivota todo el debate: la desobediencia.

Fernando Grande-Marlaska podría incurrir en un delito en relación a las sanciones que se están interponiendo en el estado de alarma.