Unos juristas creen que las sanciones son ilegales al no fijarse en el decreto y otros las justifican pero advierten del colapso para su tramitación. [] Incluso la Abogacía del Estado ha puesto en entredicho, en un informe publicado hace unos días, la legalidad de estas decisiones impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que se apoya en la rebautizada como ley mordaza de 2015. Los profesionales del derecho cuestionan la aplicación de un precepto legal sobre el que pivota todo el debate: la desobediencia.
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