La Junta de Andalucía ha subvencionado durante años la revista de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), presidida por el ex secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía Juan Moreno Rodríguez, al mismo tiempo que esta asociación de usuarios utilizaba la publicación para elogiar a empresas que le realizaban pagos en secreto a través de una sociedad instrumental. EdiUCA SL, una empresa propiedad de UCA-UCE, recibía dinero de empresas como Movistar, Altadis o Caixabank, sociedades que aparecían en reportajes

La STS 12 de diciembre 2017 (rec. 668/2016), contrariamente a la doctrina consolidada de la jurisdicción social, acaba de establecer que el art. 120 TRLCSP no puede imponer la subrogación de empresa, sino que simplemente establece una obligación informativa. Supone un cambio muy importante antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ha dado un paso definitivo para prolongar la vida de la entidad como empresa pública de manera definitiva, tras hacer suya la propuesta del director-gerente de la EMT para que se someta a decisión del Pleno del Ayuntamiento la duración indefinida de la sociedad. El objetivo es mejorar así su imagen ante sus trabajadores, las entidades bancarias y el resto de la sociedad valenciana. El PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

Jaime García Legaz le da un puesto a Juan Carlos Alfonso Rubio, cuyo nombramiento en Cesce intentaron bloquear Banco Santander y BBVA, y que también había estado a su cargo en el ICEX. El nombre de Alfonso Rubio aparece en distintas controversias relacionadas con el juego online y con Correos. Además, García Legaz –en su día relacionado con el pequeño Nicolás – crea un nuevo cargo en el operador aeroportuario y nombra para el mismo al vicepresidente de UPN..

Rocío Mosquera dirigía la Sanidad gallega cuando la Xunta negó tratamientos de hepatitis C a varios pacientes, caso por el que la fiscalía acusa a dos de sus altos cargos de un delito de homicidio imprudente

El sistema público de pensiones pasa por un mal momento. La natalidad está bajo mínimos históricos (el año pasado nacieron en España 408.384 niños, un 2,8% menos que en 2015) y la esperanza de vida no deja de crecer. Eso supone que cada vez hay menos contribuyentes que aporten a la Seguridad Social para que ésta pueda mantener unas jubilaciones dignas. Y, para más inri, casi tres millones y medio de personas se encuentran desempleadas en la actualidad.

Según los datos publicados por el informe de resultados de Mediaset enero-septiembre 2017, la compañía cuya cadena principal es Telecinco aumentó entre los meses de enero a agosto de este año su beneficio neto en 146,1 millones de euros con respecto al mismo periodo de 2016, lo que supone un incremento de 14,3 millones.

Un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía alerta de las trampas en las empresas públicas que gestionan la estación de esquí y avisa de menoscabo de fondos públicos

Vigilantes de seguridad de ministerios y organismos del Estado con salarios por debajo de lo que marca el convenio colectivo, huelgas por impago del personal de las cafeterías del Palacio de la Moncloa... los trabajadores que prestan sus servicios en las sedes del poder padecen en ocasiones condiciones de trabajo temerarias que llegan a bordear lo ilegal, o a sobrepasarlo.

Fue Joan Fuster quien popularizó en la década de 1960 la idea de que todos los territorios en los que se habla catalán comparten una misma realidad. La de los Países Catalanes. Lo hizo en su ensayo Nosaltres, els valencians (Nosotros, los valencianos), en el que afirma lo siguiente: “Nuestra realidad regional tiene su lugar dentro de la comunidad idiomática catalana (…). Llamarnos valencianos, en definitiva, es nuestra manera de llamarnos catalanes.

La Generalitat ha enviado un comunicado a las cerca de 500 empresas públicas catalanas en el que les insta a firmar un Convenio con la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para que tributen todos sus impuestos (incluidos los estatales: retenciones del IRPF de los trabajadores, el IVA y el Impuesto de Sociedades) a la Hacienda catalana.

La Generalitat podrá quedarse propiedades de las entidades del sector público a cambio de cancelar sus deudas con la administración. La medida, prevista en una disposición adicional de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2018, entrará en vigor el próximo 1 de enero y permitirá a la Generalitat hacerse con bienes muebles o inmuebles de empresas o fundaciones públicas para compensar las deudas vencidas con la administración.

Las empresas deben buena parte de los créditos recibidos para el desarrollo de los Programas Especiales de Armamento, que desde 1998 hasta 2016 sumaron un importe de más de 36.500 millones de euros.

El Gobierno catalán ha declarado desierto este jueves un concurso de adjudicación urgente de inserción de publicidad institucional para "potenciar el civismo" entre la ciudadanía hasta un día antes del referéndum del 1 de octubre.

Enagás es una desconocida para la mayoría de la ciudadanía a pesar de que cumple un rol vital para el sistema energético español. Se trata de una de las empresas estatales privatizadas en los años 1990 (lea la historia de la privatización de Enagás) que ahora figura entre las mayores compañías privadas de España y forma parte del selectivo bursátil Ibex 35. Antes y después de ser vendida, el Estado ha asegurado su rentabilidad y continuidad incluso en los momentos más difíciles, aunque hoy en día el 95% del beneficio que Enagás reparte cada año

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha procesado a 66 personas que estaban imputadas en cinco piezas separadas del caso Madeja sobre la adjudicación irregular de contratos públicos a la empresa sevillana Fitonovo a cambio de sobornos a funcionarios.

Con datos referidos a 2014, el Tribunal de Cuentas llama la atención sobre autonomías donde los resultados han sido especialmente malos, como la Región de Murcia con unas pérdidas de casi 2.000 millones de euros.

El dedazo como método de selección para trabajar en las empresas públicas valencianas tiene los días contados. La Conselleria de Hacienda aprobará este mismo año la primera convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo en el sector instrumental de la Generalitat Valenciana, integrado actualmente por más de 5.000 empleados de los cuales apenas medio millar accedió a su puesto tras un proceso selectivo.

Según el auto del juez Velasco,pidió 1.000.000 de euros a la Agencia de Informática de Madrid para "sanear" las cuentas del Partido Popular en la región.El magistrado también destaca que Indra,adjudicataria en la Comunidad, abonó 700.000 euros a “proveedores” del Partido Popular y revela una presunta operación de blanqueo con Eduardo Zaplana.Además,el juez le atribuye el cobro de un soborno de 1,4 millones de euros por parte de OHL en 2007 para la adjudicación del tren de Móstoles a Navalcarnero;la compra hipervalorada de la empresa brasileña..

Además de los contratos que firmaba la agencia de publicidad Cor Comunicación con firmas como Endesa, Repsol, Telefónica, Aldeasa, Argentaria/BBVA, Logista, Paradores o Retevisión, que llegaron a representar el 98% de la facturación cuando Rato era vicepresidente económico, también la sociedad Muinmo que gestionaba seis pequeñas emisoras de radio fue premiada con fondos de estas empresas estratégicas españolas.. Relacionada: www.meneame.net/story/rato-enriquecio-publicidad-privatizaciones-cuand

La Conselleria de Hacienda se prepara para hacer limpieza en las plantillas del sector público de la Generalitat. El departamento que dirige Vicent Soler lleva meses reclamando a las sociedades que faciliten los detalles de sus plantillas y ya ha recopilado prácticamente todos los detalles

El 10 de marzo de 2015, este departamento adjudicó ocho contratos idénticos al mismo licitador, Guarconsa S.A, una compañía afincada en Madrid y dedicada a los suministros eléctricos. Los expedientes de contratación, que van desde el 6.15/28527.5017/01 hasta el 6.15/28527.5024/01, tienen exactamente el mismo objeto (Suministro de 1.900 kgr. de hilo de contacto ranurado circular cu-ag s:120 mm2) y están resueltos por el mismo importe: 17.993 euros.

El Tribunal Supremo dicta que las manifestaciones realizadas frente al centro de trabajo con pancartas y gritos contra la empresa empleadora están amparadas por el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad sindical.

Los Ruiz Lafita, dueños del 29% de la cotizada navarra, salieron a tiempo de Eurofinsa, que fundaron y debe 71 millones a Hacienda; han tumbado la protección de la presa fantasma de El Gasco en Madrid

Hablemos de "paguitas": 276.000€ de Mañueco. 120.000€ de López Miras. 300.000€ de Ayuso. 160.000€ de Almeida. Esto se embucha Eduardo Inda de dinerito público por pantuflear. También Negre y EsDiario tienen sus respectivas mamandurrias.

La saga y el vehículo canadiense se han remitido al consejo de la compañía para armar una oferta

Recordatorio sobre empleados públicos en España: Son 16,5% del empleo total, menos que media OCDE

En junio de 2018 había 2,4 millones de afiliados en el sector público. Este mes de junio la cifra media fue de 3,1 millones. El Gobierno considera que aún hay déficit de funcionarios y sigue convocando plazas

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid, tomaba la decisión de cesar de su cargo, de libre designación, al jefe del servicio de Deportes del consistorio. Una cesión municipal que, sin embargo, ha llegado a los tribunales, donde la magistrada María Jesús Calvo Hernán ha dado la razón en sus planteamientos al Ayuntamiento.

Radiotelevisión Española invirtió en 2023 un total de 473 millones de euros en los sueldos de su personal, que ya asciende a casi 7.000 personas. Esta cantidad fue un 8% superior a la de 2022, entre otras cosas, por el elevado número de contratos temporales que hubo que rubricar.

La presidenta de Anged califica la iniciativa del Ministerio de "ataque directo a la productividad" que encarece otro 6% sus costes laborales