El BOE de hoy recoge un Real Decreto, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros en funciones, que desarrolla la Ley General de Telecomunicaciones aprobada en 2014 y aplica, casi en su totalidad, la directiva europea, del mismo año, sobre el despliegue de redes de alta velocidad.

. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado de forma unánime el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2014 por diputados de los grupos parlamentarios Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; y Unión Progreso y Democracia contra el Real Decreto-Ley de 2014 que permite la concesión de créditos extraordinarios destinados a financiar programas especiales de armamento. La sentencia dada a conocer este viernes [ver en PDF] considera que el uso sistemático del Decreto-ley como forma de aprobar créditos extraordinarios...

El Gobierno de España reunido en pleno el Congreso de los Diputados en asamblea excepcional ha aprobado por unanimidad un decreto ley en el cual, cualquier ciudadano que posea el carnet de conducir clase B podrá conducir autobuses y camiones sin límite de tonelaje. El decreto ley sólamente exige a los nuevos conductores tener 18 años cumplidos y la comparecencia de 35 horas en un centro autorizado CAP de la comunidad autónoma en la que resida.

Pese al respaldo que le supone contar con un grupo parlamentario ampliamente mayoritario, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, acaba la legislatura batiendo todos los records de gobernar a golpe de decreto. Precisamente, el 35 por ciento de las iniciativas legislativas enviadas por su Gabinete a las Cortes fueron decretos-ley. Su antecesor José María Aznar no se atrevió a tanto: llegó al 20 por ciento en la segunda legislatura, también con mayoría absoluta, y al 33 en la primera.

El Real Decreto aprobado este viernes en Consejo de Ministros incluye el polémico "impuesto al sol", impide que un ciudadano que no sea empresario cobre por la energía que vierte a la red, retira la prohibición a las baterías pero incrementa los costes fijos y de instalación, y da el poder a las eléctricas para conceder permisos y estudios de conexión.

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La memoria que acompaña al proyecto de real decreto del Gobierno sobre autoconsumo se justifica en las directivas europeas de renovables y de eficiencia energética. Sin embargo, la propuesta de regulación que se hace del autoconsumo incumple ambas directivas. La Directiva 2009/28/CE de renovables, en su artículo 13 establece que los Estados miembros aplicarán a las renovables normas objetivas, no discriminatorias y simplificadas para favorecer los pequeños proyectos y la generación distribuida.

Rodolfo Castro, de Santiago de Cuba, coincidió con otros tres jóvenes detenidos en la estación de policía de Guanabo, al este de La Habana. Conducidos a la Terminal Central de Trenes en un auto patrullero -para que no se pudiesen escurrir- los montaron en el tren y deportaron a sus provincias, previa imposición de mil pesos de multa –unos cincuenta dólares- a cada uno. Así lo relata Osmany Matos, de Guanabo, detenido por una infracción de tránsito, que presenció el hecho.

IUSPORT ha tenido acceso al texto íntegro de la papeleta de conciliación interpuesta por AFE en la fase previa a la huelga del 16 de mayo de 2015 La papeleta se presentó en el Servicio lnterconfederal de Mediación y Arbitraje el día 7 de mayo a las 15:01. Figura como demandante ("solicitante") la ASOCIACION DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES, y como codemandados ("partes no solicitantes") la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL, la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FÚTBOL y el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES.

Explicación de alguna de las medidas anunciadas en el Debate del Estado de la Nación y que entran en vigor hoy.

En un comunicado, el Tribunal Constitucional señala que el PSOE recurrió el decreto ley por considerar que la norma no cumplía los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad" que permite al Ejecutivo legislar por este medio. El real decreto incluye una quita mediante el canje de estos productos por acciones; el PSOE consideraba que no era una norma de "urgente necesidad".

El Gobierno central asfixia a Artur Mas paralizando cinco leyes y decretos por año No sólo de declaraciones viven los políticos. La justicia es una de las herramientas que se utilizan para desarmar al adversario. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno central. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha seguido una doble estrategia para acorralar al Gobierno catalán. En el plano económico, establecer un techa de déficit fiscal autonómico draconiano: el 0,7% para 2015, cuando Bruselas le permite al Estado español un 4,2%, que incluso podría ser ampliado.

El decreto ley 12333 en Estados Unidos redefine el término legal "recolectar" (o "registrar") de modo que no solo metadatos, sino absolutamente cualquier tipo de dato, puede ser rigurosamente registrado siempre y cuando nadie lo mire. Es el dato de Schrodinger: no está registrado ni no registrado hasta que no abres la caja.

La Abogacía del Estado registrará el próximo lunes en el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno contra la ley catalana de consultas y el decreto de convocatoria de un referéndum independentista para el 9 de noviembre en Cataluña, tras un Consejo de Ministros extraordinario que previsiblemente reunirá el lunes por la mañana presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que regresa este sábado de China.

El alto tribunal critica el anteproyecto de LOPJ. El informe elaborado por los miembros del tribunal rechazan la idea de prohibir a los jueces y a sus asociaciones valorar asuntos pendientes. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha elaborado un informe muy crítico con el anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) elaborado por el Ministerio de Justicia en el que se plantean dudas de constitucionalidad respecto de algunos preceptos, como el de jurisprudencia vinculante de este órgano, y otros condicionan la independencia.

Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se unen contra la reforma impulsada por Gallardón y se plantean secundar la huelga anunciada por los trabajadores del Registro Civil. Tres de las asociaciones mayoritarias de la judicatura española han querido mostrar este martes su oposición al anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha impulsado el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Se trata "de una ley de nuevo cuño y no una reforma, como pretende vender el ministro Gallardón".

El sistema constitucional occidental se asienta en la jerarquía de normas. Por encima del todo está la Constitución, aprobada por la ciudadanía en referéndum. En un segundo escalón la ley, aprobada por las Cortes, que son elegidas directamente por los ciudadanos. Y, en tercer lugar, el reglamento, aprobado por el Gobierno, que es elegido por las Cortes. Sin embargo, nuestra Constitución establece una serie de excepciones. Una de estas excepciones es el decreto-ley.

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, considera un éxito de toda la oposición el hecho de que el Gobierno haya mostrado su disposición a tramitar como proyecto de ley, permitiendo enmiendas de la oposición, el heterogéneo decreto ley que el Pleno de la Cámara convalidará este jueves y que incluye modificaciones de 26 leyes que afectan a varios ministerios.

La vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, ha tachado este martes de "pataleta" que el PSOE quiera presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros que incluye la reforma de 26 leyes.

El uso del Decreto Ley para regular aquello que no era urgente ni extraordinario, sino más bien problemático para el Gobierno, es poco democrático y ya están en vigor sin que el Parlamento se haya pronunciado. ¿Es constitucionalmente legítimo? ¿Se puede usar el Real Decreto Ley (RDL) para regular todo lo que el Gobierno quiera sin debate público?No se puede hurtar el debate sobre ciertas medidas cuando no hay necesidad para ello. El gráfico y la tabla explicativos.

Hoy ha sido ella, y mañana, tal vez, cualquiera de nosotras.

El BOE de hoy recoge el Real Decreto-Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Se trata de una norma de 172 páginas, con rango de ley, que entra en vigor hoy y que incluye aspectos que van desde los registros civiles hasta los depósitos bancarios pasando por el aumento de plazas en el Ejército, actos sobre una exposición de Picasso, becarios, hoteles en los puertos o los precios del gas natural, entre muchas otras cosas. Todo ello sin pasar por el Congreso.