"Entre 2015 y 2020, el número de trabajadores mayores de 55 años subió del 35% al 46%, mientras que la media del resto de países solo creció un punto en ese periodo". "(...) el hecho de que el volumen de empleados públicos con los que cuentan sus instituciones se encuentre por debajo de la media del resto de países, y que, al mismo tiempo, su plantilla sea una de las más envejecidas".

El Gobierno de Canarias baraja hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para todos los empleados públicos de los servicios esenciales que aún no han accedido a los sueros. Así lo puso de manifiesto este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres. «No se puede obligar a la ciudadanía a vacunarse, distinto es a los funcionarios de diversos cuerpos. El Gobierno está estudiando esa posibilidad porque la mayoría no puede pagar la inconsciencia de quien no quiera hacerlo», explicó el líder del Ejecutivo autonómico.

Oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) empiezan ya a echar el cierre tras quedarse sin trabajadores. Son las primeras consecuencias del cese de los 1.135 empleados interinos del antiguo INEM que se vieron forzados a salir del organismo el pasado 30 de junio (un 13% de los casi 8.600 trabajadores con los que contaba) tras el pulso mantenido entre los ministerios de Trabajo, Política Territorial y Hacienda sobre su renovación.

El nuevo estatuto básico del empleado público puede considerarse como una traición a los empleados temporales de la administración. La Unión Europea afirma que indemnizar a los trabajadores con 20 días por año trabajado no es efectivo y que deberían adoptarse otras medidas que apuesten por la estabilidad. Además se establecen límites y normas contrarias a la normativa europea, como tomar como referencia el último contrato nada más, obviando la sucesión de contratos. Las personas que no participen en el proceso selectivo no serían indemnizadas.

El número de funcionarios y empleados públicos ha crecido con fuerza en los últimos años en España hasta alcanzar su cota más alta jamás registrada. Los empleados de las Administraciones Públicas suponen ya un 21,1% del total de la población ocupada, lo que se traduce en que uno de cada cinco trabajadores corresponde al ámbito público. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de marzo había cerca de 3,4 millones de asalariados públicos, récord histórico absoluto.

La brecha salarial se afianza entre el sector público y las empresas. También la diferencia entre plantillas: 411.300 empleados públicos más en un lustro

Muchos perfiles son bienvenidos, especialmente los de Formación Profesional (1.500 plazas este año y cerca de 1.000 más cada año de 2022 a 2025), pero también necesitamos gente de ingeniería, económicas, telecomunicaciones, informática, arquitectura técnica o bachillerato, entre otras formaciones previas. No nos limitamos a ofrecer seguridad en el empleo, o a garantizar el respeto a la igualdad y diversidad que deben ser prioridad y ejemplo en el sector público. También vamos a darte formación. Un tutor te va a acompañar en tus primeros pasos.

Empresarios de Els Ports claman ante las dificultades para encontrar trabajadores y tachan a los planes de empleo temporal que lanzan las administraciones públicas como «competencia desleal». Alertan de que este escenario, en una comarca con niveles de paro mínimo, les aboca a una situación en la que no pueden «competir, porque ofrecen contratos temporales, pero con horarios envidiables, de lunes a viernes y sin fines de semana», señala el presidente de Asetmico, Javier Tena.

A través de esta cuenta se informará de las ofertas públicas de empleo, "de los detalles de las convocatorias, así como de los calendarios", indica el Ministerio dirigido por Miquel Iceta

El Ministerio de Función Pública ha presentado a los sindicatos su primera propuesta de reforma legal contra la temporalidad excesiva en el sector público, que señala a "responsables" en caso de irregularidades y también opta por medidas más controvertidas para evitar estos fraudes

Este proceso supone la oferta de 3.381 puestos de personal laboral fijo, para desempeñar funciones de reparto de envíos, tareas logísticas y atención al cliente en oficinas. La convocatoria incluye los puestos correspondientes a las tasas de reposición aprobadas para el año 2019 (1.381 puestos), así como 2.000 puestos de los contemplados en el plan de estabilización de empleo temporal 2018-2020 firmado con las organizaciones sindicales. Las plazas se convocan para cubrir puestos en tareas de reparto (2.356 plazas), agente de clasificación (505)

Siempre ha existido tensión entre los delegados y Juntas de Personal Funcionario, o sindicatos, con las autoridades públicas o gerencias de los organismos a los que prestan servicio. Aquéllos piden y éstos niegan. Un supuesto típico de fricción es el relativo a la exigencia de información por los representantes de los funcionarios sobre la plantilla, con detalle de quién trabaja en cada puesto, en qué se ocupa y qué conceptos cobra.

Sólo un 2% de asalariados fueron contratados en 2020 gracias a la intermediación de las oficinas públicas de empleo, un porcentaje que apenas ha variado en los últimos años y que, por tanto, no es consecuencia de la pandemia. De hecho, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), esa tasa de intermediación del 2% que registraron en 2020 las oficinas públicas de empleo es la misma que presentaron en 2019.

El Movimiento Independiente 15F (MI15F) se ha inscrito en el registro de lobbies del ayuntamiento de Madrid como una plataforma estatal de trabajadores públicos en fraude de ley. En el mismo se integran todos los colectivos del sector público, caso de los profesores y los sanitarios, que buscan frenar el abuso de la Administración que les obliga a encadenar contratos temporales. Una práctica lesiva contra la que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ciudadanos ha registrado en el Congreso una iniciativa instando al Gobierno a establecer una serie de medidas de inspección y sancionadoras para que las administraciones dejen de realizar conductas "abusivas" en la contratación pública, especialmente en la contratación sucesiva de personal temporal en campos como la enseñanza o la sanidad. Esto además afecta directamente a los servicios que ésta ofrecen a los ciudadanos.

Hay datos capaces de desenmascarar millones de discursos con la abrumadora realidad de lo que representan. Alejandra Olcese, responsable de la información macroeconómica en Vozpópuli, contaba este miércoles, 6 de enero, que el empleo público –funcionarios y personal laboral- creció en nuestro país un 6,2% durante 2020, hasta un total de 159.680 personas, ello según los datos de afiliación a la Seguridad Social divulgados el martes.

El colectivo de empleados y empleadas públicas dependientes del mutualismo administrativo (Muface) recibirán la vacuna del Covid-19 a partir del próximo mes de marzo, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. La vacunación se realizará desde las comunidades autónomas, con la creación de un registro único de control y seguimiento.

Los datos del último recuento de empleados públicos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, evidencian que el envejecimiento de las plantillas y la inestabilidad contractual de una gran parte de sus trabajadores siguen siendo los problemas a resolver.

Creo que es unánimemente compartido que la función pública, el empleo público si queremos llamarlo así en la terminología EBEP, se enfrenta en los próximos años a innumerables desafíos derivados de distintos hechos. Entre otros, las exigencias que impondrá el tránsito de una Administración analógica a otra predominantemente digital, a la previsible y masiva de pérdida de efectivos conocimiento que se dará en los próximos años como consecuencia de las numerosas jubilaciones

En un auto, afirma que "su tenor contraría de manera radical no solo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre el acceso a la función pública, sino el propio tenor literal de la Constitución" mientras Elías Bendodo (PP), mano derecha del presidente Juanma Moreno, anuncia que se pondrá en marcha un nuevo sistema.

Miles de trabajadores de la administración pública canaria ocupan desde hace años puestos estructurales con contratos eventuales, sin haber tenido opción de consolidar sus plazas. Ahora temen perder sus trabajos por el proceso extraordinario impulsado por el Gobierno.

Casi 40 millones de trabajadores y trabajadoras en Europa no pueden permitirse una semana de vacaciones.

El número de ocupados en el sector de las actividades financieras y los seguros se situó en 441.800 en el segundo trimestre de este año, bajando por tercer trimestre consecutivo y situándose en el nivel más bajo desde el estallido de la pandemia. Así se desprende de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta semana y consultada por Servimedia.

Medidas preventivas frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas, cuando se desarrollen trabajos al aire libre

La crítica que ha impulsado el estallido de las protestas es precisamente que las cuotas se hallan orientadas a la mantención de la base social de la Liga Awami fuera de las vicisitudes que se dan en el mercado privado capitalista. Así, los partidarios del legado de “Bangabandhu” estarían en proceso de conversión en una casta cuya función social sería la de engrosar sistemáticamente las filas del Estado. Un círculo vicioso con la única finalidad de mantener la posición de la actual presidenta.

El PP no quiere hablar de empleo porque no soportan los magníficos datos que mes tras mes refleja la Encuesta de Población Activa. Son datos incuestionables y espectaculares. España lleva 50 meses consecutivos creando empleo. Cada mes se bate un récord. En junio se han rozado los 21,4 millones y en julio se va a superar esa cifra. Y la economía de nuestro país ha crecido cinco veces más que la de Europa en 2023. Y en 2024 seguiremos siendo el motor económico de la zona euro, con un crecimiento del 2,5%.

A sus 37 años, el de Castets es un perfil a medio camino entre la experiencia técnica en el Estado y los movimientos sociales. Directora de Presupuesto en el Ayuntamiento de París, también ocupó cargos en la Dirección General del Tesoro y el organismo contra el blanqueo (Tracfin) del Ministerio de Economía. Es portavoz de un colectivo de funcionarios que ella misma cofundó, Nuestros Servicios Públicos. Enfrentó al ministro Stanislas Guerini, denunciando el exceso del uso de consultoras. “Perdimos 180.000 funcionarios entre 2006 y 2018.????

En Castro-Urdiales, y tras consultar el portal de transparencia, podemos publicar que el ayuntamiento de Castro Urdiales ha gastado en un evento privado en publicidad, contratación de artistas y contratación sanitaria (más de 30000€). También suponemos que horas extras de la policía, limpieza y puesta a punto del estadio de Riomar y mejoras.