No se absuelve al acusado, sino que se absuelve una forma de amedrentar física y mentalmente a cualquier ciudadano en su domicilio privado, y por supuesto no importa las opiniones que ese ciudadano haya tenido al respecto años antes; eso es irrelevante jurídicamente. Se absuelve con argumentos descontrolados que no se pueden extrapolar porque se haría de este país un país invivible.

El Supremo obliga a 'Ok Diario' a pagar 7.000 euros a la denunciante por un bulo sobre su falsa implicación en la mayor trama de corrupción del PP pero exculpa al medio Su expareja fue condenada por atentar contra su derecho al honor con declaraciones mendaces a 'Libertad Digital' que, sin embargo, fue absuelta por reproducirlas

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo el eurodiputado ha lanzado un comunicado a través de Instagram valorando la condena: "Es absurdo que un juez afirma que es de 'carácter eminentemente particular o privado' que Ana Pastor y Antonio García Ferreras se reúnan en un espacio público con el dueño del Open Arms en plena crisis migratoria para pactar un relato mediático en defensa de la inmigración ilegal masiva. Aunque hayamos ganado parcialmente el recurso y todas las costas, vamos a pelear para que este juez sea desautorizado..."

En ese sentido, Johnson había adelantado en una entrevista en Fox News que estaban investigando al comité que investiga los hechos del 6 de Enero por considerar que su trabajo se ha realizado bajo un proceso irregular. "Hemos estado investigando al propio comité; no estamos de acuerdo con la forma en que la presidenta Pelosi reunió todo eso; Creemos que violó las reglas de la Cámara", detalló Johnson durante una conversación con Sean Hannity de Fox News.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró a Rusia culpable de violaciones sistemáticas de los derechos humanos desde que ocupó Crimea en febrero de 2014.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro concluyó la investigación sobre las grabaciones a casi cien mujeres orinando durante la celebración de A Maruxaina celebrada en 2019 en San Cibrao; hay un sospechoso de haber grabado esas imágenes que fueron incorporadas posteriormente a páginas web de contenido erótico. De esta forma, la jueza de Viveiro ha ordenado que se continúe por los trámites habituales el procedimiento abreviado frente a ese sospechoso por si los hechos investigados fuesen constitutivos de un delito de pornográfico.

La Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco es diferente al derecho común español y permite al causante elegir entre los descendientes, “a uno o varios y apartar a los demás”, para transmitir la legítima

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Koldo rechaza entregar a la Fiscalía Europea esta causa, por lo que ha solicitado al Tribunal Supremo que decida en qué manos debe quedar la investigación de la misma. Moreno da así respuesta a la petición del Ministerio Público europeo, que a finales de mayo solicitó asumir íntegramente este procedimiento, debido a que podría afectar a fondos de la UE y a que este organismo supranacional considera la supuesta trama corrupta investigada como un único entramado.

España vive sujeta a un inusitado debate público sobre la politización de la justicia. En este marco, no podía quedar fuera del debate el Tribunal Constitucional, cuya composición actual fue aprobada recientemente, lo que no ha sido óbice, para que el PP cargue contra algunos de sus magistrados por su currículum, o por sus reconocimientos públicos, negativos si los concedió un Gobierno socialista y sin menoscabo alguno si lo hizo el presidente Rajoy o el ministro de Justicia Ruiz Gallardón.

El senador por Lugo José Manuel Balseiro fue nombrado por el PP vicepresidente de la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta. El mariñano se despidió en abril del Parlamento gallego tras seis legislaturas y tomó posesión como senador por la provincia de Lugo.

Se trata de un jefe de grupo, que tenía a varios agentes a su cargo, con conocimiento de las distintas operaciones policiales que lleva a cabo la Ertzaintza...

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados y a otras 42 personas en la pieza 8 del caso Púnica por las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).

El TJUE dirime sobre tres casos que afectan a la administración pública catalana

"Se han convertido en los países con mejor desempeño de la región".

Joana Sales (Barcelona, 1977) pasó varios meses con hematomas en la cara, las muñecas y los dos brazos. Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2022. La joven, musicóloga y militante del Sindicat d'Habitatge del Raval, tenía previsto visitar a una amiga del barrio. El reloj marcaba las 21.00 de la noche y casi no había luz en las calles de la Ciudad Condal. Joana había salido poco antes de su casa y nada le hacía presagiar que acabaría la noche en comisaría. Los Mossos d'Esquadra trataban de desahuciar a su amiga cuando ella llegó.

La magistrada considera que no está acreditado que ataran al animal con una cuerda ni que lo golpearan varias veces de forma brutal ni que le sacaran un ojo de la cuenca. La Policía Local arrestó a los tres acusados por el testimonio de un vecino que dijo haber presenciado las torturas, pero que en el juicio aseguró que solo vio como uno lo tiraba al suelo.

Si atendemos a la regulación legal, "el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos". Entre las consecuencias de incumplir estos requisitos formales, contemplados en el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores E.T., está la declaración del despido como improcedente sin posibilidad de subsanación, viéndose la empresa obligada a asumir los costes derivados de la improcedencia y a cesar de nuevo al empleado.

La investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entró el miércoles en una segunda fase al marcar los jueces de la Audiencia Provincial hasta donde alcanza la denuncia de Manos Limpias para investigar. Y de todos los supuestos indicios presentados por el pseudosindicato solo se salvan las dos copias de una carta-tipo en la que Begoña Gómez estampó su firma recomendando a una UTE de empresas que finalmente consiguieron dos contratos públicos.

Los fieles seguidores de Trump en el Congreso, muchos de los cuales se presentaron durante el juicio, arremetieron contra el veredicto unánime

La ministra Ana Redondo ha asegurado que las sentencias dictadas esta semana por la Audiencia Provincial de Ciudad Real y por la de León “mandan un mensaje peligroso” y las tilda de “discriminatorias”.