González, de nacionalidad española y rusa, está acusado de espiar a miembros de la oposición por presuntamente haber estado espiando al menos desde 2016 a diferentes figuras de la oposición rusa en el exilio, principalmente a Zhana Nemtsova y a su círculo más cercano como Vladímir Kara-Murzá - actualmente en la cárcel, o Ilya Yashin - también detenido en Rusia-, según el periódico 'Agenstvo'.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la pena de un año y medio de cárcel para el expresidente del Consejo General de Colegios de Enfermería de España, Máximo Antonio González Jurado, por excederse en sus funciones y desviar fondos colegiales para cubrir el pago de gastos personales en acontecimientos familiares como la boda de su hijo o los bautizos de dos nietos. Unos hechos totalmente ajenos a su actividad al frente del órgano colegial que le han llevado hasta el banquillo de los acusados por un delito continuado de administración

El grupo Inbest gestiona inmobiliarias en las que participan fortunas españolas alejadas de los focos, con inmuebles por valor de 400 millones.

Las organizaciones, sindicatos, asociaciones y entidades firmantes, que engloban y representan al periodismo de España, Europa y del mundo, instan al Gobierno central a actuar inmediatamente para lograr la liberación del periodista Pablo González, encarcelado en Polonia desde hace 28 meses. Entidades como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Agrupación de Periodistas de UGT,Periodistas de CCOO, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP) y Reporteros Sin Fronteras, entre otras denuncian la falta de transparenc

Solicitan que se inicien los trámites y negociaciones necesarias con el Gobierno polaco para conseguir la liberación del periodista.

La Fiscalía de Madrid ha rechazado que se amplíe a cuatro delitos más la investigación a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como habían pedido PSOE y Más Madrid. El Ministerio Público considera que practicar más diligencias es innecesario y demoraría el enjuiciamiento del empresario por los dos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil que originaron el caso

El magistrado García Castellón propone juzgar por delitos de cohecho en grado de continuidad y una pluralidad de delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos al banco BBVA y a su expresidente, Francisco González por la contratación del comisario José Manuel Villarejo para la realización de distintos encargos ilegales entre 2004 y 2017, y por los que habría pagado en torno a 10 millones de euros.

Los periodistas demandan urgentemente a las autoridades polacas la liberación inmediata de Pablo González. "No es tolerable que un país de la Unión Europea tenga preso preventivo a un profesional de la información, con absoluta opacidad sobre los cargos precisos que se le imputan, tras 28 meses de encarcelamiento e incomunicación", señalan.

El PSOE, que está personado en la causa, interpreta como “alguna clase de retribución a Fernando Camino” por los favores que le debe Amador. Se trata de la compra por parte de Maxwell, la empresa de Amador, de la compañía Círculo de Belleza S. L., propiedad de María Gloria Carrasco, la esposa de Camino. En diciembre de 2020, Maxwell pagó 499.836,92 euros por esta compañía a pesar de que su capital social era de solo 3.300 euros. Círculo de Belleza solo contaba con máquinas antiguas sin valor de mercado y relacionadas con tratamientos de belleza

La negociación entre Alberto González Amador, por una parte, y la Fiscalía y la Abogacía del Estado por otra ha derivado en un preacuerdo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no solo admite, como en un primer momento, que defraudó a Hacienda por valor de 350.951 euros en dos ejercicios sino que también se sirvió de una trama de facturas falsas para ejecutar el engaño. En el escrito que plasma el principio de acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sentencia que acepta González Amador es de ocho meses de cárcel...

Las acusaciones populares han solicitado la ampliación del número de delitos imputados a González Amador, añadiendo cinco nuevas presuntas infracciones a la lista inicial

Las mismas fuentes explican que no ha sido hasta hace unos días que las acusaciones han podido acceder a la documentación obrante en la causa, y que recoge los indicios contra González Amador, en especial el informe de la Agencia Tributaria. Esto les ha impedido, continúan, estudiar con detalle el caso.

La citación se produce con la duda de si el empresario llegará a un acuerdo con el Ministerio Público para reducir la condena de cárcel a la que se expone por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental y evitar entrar en prisión. Fue la Fiscalía quien lo llevó a los tribunales después de que Hacienda detectara el fraude, tal y como informó en exclusiva elDiario.es.

Son casi 15 minutos de improperios in crescendo, la rajada de Paco González en la Cope contra el presidente de Asturias, ha llamado la atención por su incandescencia y sucesión insultos después de que el presentador optara por responder en antena a un tuit crítico de Adrián Barbón con su valoración de lo vivido en el partido de ida en el playoff de ascenso entre el Real Oviedo y el Espanyol.

La propiedad del inmueble es de Babia Capital SL. administrada por el fiscalista que representó a González Amador durante la investigación de la Agencia Tributaria. Cuando la sociedad compró el ático de la séptima planta, sus dueños sabían que la presidenta y su pareja iban a vivir justo debajo. González Amador escrituró la compra en la sexta planta en julio de 2022, pero no acudió al Registro de la Propiedad hasta mayo de 2023. 48 horas después de registrar la compra de la vivienda, Babia Capital SL compró el ático de la séptima planta.

El Grupo Quirón, principal adjudicatario de la Comunidad de Madrid en materia de salud, se niega a colaborar con la comisión del Congreso de los Diputados que le reclamó la documentación sobre su relación comercial con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Quirón despliega una serie de argumentos jurídicos para excusarse de colaborar con el Parlamento, tales como el derecho a la intimidad de Alberto González Amador o a la protección de datos de carácter personal.