La inflación ha disparado los costes que soportan agricultores y ganaderos: gasóleo, +73%; electricidad, +270%; piensos, +30%; semillas, +20%; abonos, +150%; agua, +33%; plásticos de invernaderos, +46%; SMI, +35'89%; etc. Mientras, los alimentos siguen encareciéndose en la cesta de la compra de los consumidores. Pero el precio al que venden agricultores y ganaderos no aumenta, por lo que estos productores ya ni cubren sus costes, a lo que se suman las importaciones de productos de terceros países que no cumplen con los requisitos de la UE...

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha reclamado este jueves a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo que "no demonice ni señale tanto" a los empresarios agrarios. "La persecución de la Inspección Laboral a las explotaciones agrarias roza el delito", ha sostenido Gamarra en su réplica a Díaz en el debate por la convalidación de la reforma laboral.

El conflicto por la ocupación de la Federación Rusa de la Península de Crimea en el año 2014, se saldó entre otras cuestiones con sanciones económicas entre la Unión Europea y esta Federación, la que más afectó a los agricultores y ganaderos fueron la suspensión de importaciones de productos agrarios por parte de Rusia y el hundimiento del mercado de ciertos productos por estas circunstancias. «Lo que no podemos admitir es que cada vez que se produce un conflicto internacional al final los perjudicados seamos siempre los mismos".

El uso de nitrógeno para multiplicar la producción está asociado al modelo intensivo. Así lo describe el Ministerio de Transición Ecológica al revisar los excedentes por hectárea que reflejan los inventarios. Si la media nacional de exceso de nitrógeno es de 30 kilos por hectárea de superficie agraria, en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia superan los 60 y los 40 kilogramos respectivamente. La razón, analiza el Ministerio, es que en esas comunidades se ha desarrollado "una agricultura más intensiva"

Franco expropió Granadilla a sus vecinos en 1955 y lo declaró inundable, pero el agua nunca llegó. Los descendientes llevan décadas pidiendo volver: "Fue una tragedia griega"

"Debido a la falta de mano de obra para la recogida de la aceituna los empresarios agrarios ven peligrar una campaña ya de por sí difícil por la falta de lluvias y que puede ser desastrosa si se cumplen los pronósticos de ausencia de trabajadores en zonas de la Subbética, Sierra Morena y Alto Guadalquivir cordobés, entre otras", señala UPA, que reclama a la Subdelegación del Gobierno de España que convoque la mesa de flujos migratorios y la posterior aprobación de un contingente de trabajadores extranjeros, "o la regularización provisional...

Las grandes firmas de obtención de semillas, expertas en labores de lobby, convencieron a la Comisión Europea para que redactara un reglamento que protegiera su simiente y desde entonces los agricultores de Castilla y León les han tenido que pagar unos 20 millones de euros en concepto de derechos de autor.

«La erupción de un volcán, como el de la isla de La Palma no se puede comparar a una inundación de ningún modo. Porque no puede recuperarse la propiedad de ningún modo, lo que sí ocurre en las inundaciones”. La expropiación de las casas y las plantaciones arrasadas por la lava del volcán Cumbre Vieja podría ser una solución legal muy eficaz.

Unións Agrarias denuncia que las explotaciones de carne lucenses pierden "14 céntimos por kilo" respecto a 2019 Además, ha constatado que, desde hace dos años, "se ha producido una subida en los costes de producción de 59 céntimos". González Rodríguez ha apuntado que "esto hace que cada explotación cobre entre 160 y 180 euros menos de lo que ganaba en 2019", un periodo que "ya presentaba una situación difícil porque se lleva vendiendo al mismo precio que hace 20años".

La crisis del covid-19 ha generado una consecuencia no intencionada (según el lenguaje de la banca central) y que era difícil de prever. En medio de la mayor recesión en décadas, el precio de la vivienda no ha parado de subir, una tendencia que ha seguido ganando tracción con la recuperación de la economía y que empieza a suponer una amenaza seria. Más allá de los propios riesgos para la estabilidad financiera y económica, el fuerte auge del precio de la vivienda puede partir aún más a la sociedad, dejando la vivienda en propiedad para las rent

El sector agrario prepara movilizaciones contra el ministro tras su petición de reducir el consumo de carne

Denuncian que las cadenas de distribución están primando en sus lineales las importaciones foráneas, procedentes de otros países tan lejanos como Nueva Zelanda o Perú, mientras en la huerta las compras están prácticamente paralizadas y cuando los comercios ofrecen precios a los agricultores son ruinosos e incluso en muchos casos no compensan ni los gastos de recolección: en el caso de la cebolla la cotización se ha desplomado hasta los 8 céntimos de euros por kilo (€/kg) y en el de la patata hasta los 14 céntimos de €/kg.

Los grandes tenedores de Baleares -aquellos con más de diez viviendas- tenían la obligación desde 2019 de inscribir aquellos pisos que lleven vacíos “dos o más años sin una causa justificada” en el registro de la consellería de Movilidad y Vivienda.

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha firmado este martes la primera resolución por la que el Govern inicia la expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, con un coste total de 1,8 millones de euros, por un plazo de siete años

En 2010, el Gobierno de Aragón avaló la ampliación de Cerler como proyecto de interés general, y en diciembre de ese año se aprobó la declaración de impacto ambiental positivo para la primera de las fases, la del valle de Castanesa [...] Estas tierras pertenecen a los vecinos, que no han dejado de aprovechar sus pastos desde aquellos primeros habitantes pirenaicos. La propiedad del monte comunal de Castanesa está dividida entre 70 socios de los pueblos. Y en septiembre, el Gobierno de Aragón ordenó la expropiación de parte de estos terrenos.

No podemos olvidar aquellos agricultores y jornaleros que se han ido jubilando en las últimas décadas con pensiones aún menores. Aquellos jornaleros, a los que precisamente la derecha política (y de manera bochornosa cierta izquierda) han acusado de manera reiterada en estos últimos años de vivir holgadamente de un subsidio agrario de poco más de 400 euros.

La mejor forma de evaluar la PAC es analizando las consecuencias: en la mayoría de países de la UE, España incluida, nos encontramos con que el precio de venta al público de productos agrícolas multiplica en varias veces el pagado al productor; los precios pagados a los jornaleros son cada vez menores y la tendencia general ha sido la de la concentración parcelaria y el impulso de grandes empresas agroalimentarias: miembros de la casa de Alba, Mercadona, Campofrío o Don Simón, forman parte del escaso 1,68% de beneficiarios de la PAC.

Durante el confinamiento se multiplicó la venta directa de los payeses a los consumidores. Casi un año después, el interés se mantiene parcialmente y surgen nuevas iniciativas para tratar de consolidar esta tendencia.

Si hace ahora un año vivíamos en nuestro país la ‘revuelta de los tractores’, con miles de agricultores en las calles protestando contra la crisis de precios del campo español, doce meses después se puede decir que el año de la pandemia le ha sentado bien al sector agrario que, entre otras cosas, se ha demostrado imprescindible.

Abogados y economistas advierten que el Gobierno no puede nacionalizar empresas sin matriz en el territorio. Incluso de poder hacerlo, los litigios tardarían de media cinco años en resolverse, por lo que califican la propuesta del líder de Podemos de "utópica".

La realidad del mundo rural en nuestro país es que el campesinado, en una gran parte, ni poseen la tierra ni son participes de las decisiones en la gestión de la mercancía que producen.

La desigualdad en el mundo rural y el uso de la tierra agrícola aumenta en la mayoría de los países del mundo. Un estudio de la International Land Coalition (ILC) publicado este 24 de noviembre señala que el el 1% de las explotaciones agrícolas —las de mayor extensión— gestiona el 70% de las tierras para estos usos existentes en el planeta. Son, además, las integradas en el flujo de capitales de las corporaciones dedicadas a la alimentación, y ese porcentaje va en aumento.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) ha condenado a la Generalitat a pagar 20 millones a los vecinos de Agua Amarga cuyas viviendas fueron expropiadas hace ahora dos décadas para la construcción de la Ciudad de la Luz. Estos 20 millones se suman a los 10 con los que el Consell ya indemnizó a los propietarios de los terrenos.