Los magistrados han considerado que durante la investigación no se vulneraron sus derechos y han estimado los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que se mostraron en contra de su absolución y la de otros dos coroneles de la Benemérita y pidieron anular la sentencia dictada por el Tribunal Militar Central

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel y cinco de inhabilitación a una policía nacional de la Comisaría de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, por un delito de malversación. Se quedó dinero incautado en una operación y lo repuso con billetes falsos.

La Sala de lo Penal avala la decisión de Llarena de retirar la acusación de sedición contra el expresident catalán y no sustituirla por otra de desórdenes públicos. El Tribunal Supremo ha confirmado que Carles Puigdemont no seguirá acusado de sedición tras la última reforma del Código Penal pero sí por desobediencia y malversación de caudales públicos. Los jueces de la sala de lo penal han avalado la decisión del juez Pablo Llarena de aplicar la reforma del delito de sedición y mantener la orden de búsqueda y captura por los otros dos delitos

Una de las querelladas, directora de un centro de menores de la fundación, era también vicesecretaria y tesorera de Vox en Las Palmas. Anticorrupción ve indicios de falsedad documental, adminisitración desleal y malversación de caudales públicos. La organización recibió 12 millones de dinero público

El presidente de honor del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha asegurado en Pontevedra que "el principal problema que tiene España en estos momentos es la existencia de un gobierno Frankenstein", responsable de "leyes ridículas, grotescas y absurdas" como la de bienestar animal, 'trans' y 'solo sí es sí' y que ha tenido como "consecuencias" la "liquidación del delito de sedición" y "la bajada de penas por malversación".

Una directiva europea aplicable a todos los Estados miembros forzará a España a reformar de nuevo el delito, que fue rebajado hace apenas seis meses para beneficiar a los dirigentes del ‘procés’

La reforma del Código Penal español impulsada hace unos meses por el Gobierno de Pedro Sánchez, que benefició a varios políticos catalanes juzgados por su implicación en el procés independentista, podría tener una breve vida. La pena máxima prevista para el delito de malversación de fondos públicos, de cuatro años en los casos en que se aplican "tipos atenuados", está por debajo del mínimo planteado hoy por la Comisión Europea

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, malversó cientos de millones de dólares que Estados Unidos destinó a la compra de combustible, según el periodista ganador del Premio Pulitzer Seymour Hersh. En su blog, Hersh escribe - El gobierno de Ucrania, encabezado por Volodymyr Zelensky, ha estado utilizando los fondos de los contribuyentes estadounidenses para pagar caro el combustible diesel, de vital necesidad, que mantiene al ejército ucraniano en movimiento en su guerra contra Rusia.

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado cinco años y tres meses de prisión al exalcalde de El Ejido Juan Enciso

Juan Carlos Martínez, marido de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, está investigado por presuntos cobros irregulares de la empresa Experience Management Group SL, propiedad de su hermano Bienvenido Martínez.

El tribunal sevillano niega que Carmen Martínez Aguayo, igual que Miguel Ángel Serrano, puedan beneficiarse de la nueva redacción del delito por su papel en el reparto de las ayudas fraudulentas

El entonces director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, acordó el "cese de las actuaciones" en un escrito de cuatro líneas, tras recibir un informe del presunto cabecilla del fraude, el teniente general Pedro Vázquez Jarava

La Sala Segunda del alto tribunal ha rechazado los incidentes de nulidad que presentaron el pasado mes de septiembre once de los quince condenados. Los magistrados rechazan la nulidad de la sentencia y añaden que no se suspende la ejecución de la pena. Al igual que ocurrió con la sentencia del Supremo, el auto cuenta con un voto particular de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo. Según anunció su defensa en su momento este trámite era previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que tiene previsto interponer.

Una investigación del sitio Bloomberg publicada este miércoles expone que la organización sin ánimo de lucro fundada por el actor estadounidense Sean Penn, Community Organised Relief Effort (CORE), gestiona inadecuadamente los fondos que recibe de donaciones, mientras que varios de sus empleados han sido víctimas de acoso sexual sin que la dirección tomara acciones necesarias al respecto.

Un informe policial alerta del conflicto de intereses y de una posible malversación de caudales públicos.María del Rocío Nieto Rubio, presidenta de la Asociación Apramp contra la trata de mujeres, aparece en un informe policial, al que ha tenido acceso ElPlural, en el que se la acusa de tener una empresa fantasma llamada Oicos-Aifos, en la que está su hija al frente, y que habría utilizado para que Apram, asociación primigenia antes de Apram, generara una deuda económica con dicha empresa, lo que le habría permitido conseguir varios inmuebles..

Las defensas de la exconsejera andaluza Carmen Martínez Aguayo y del director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano, ambos en prisión por el caso de los ERE fraudulentos, han pedido a la Audiencia de Sevilla que revise sus respectivas condenas de cárcel tras la reforma del delito de malversación. Los letrados de ambos procesados han solicitado al tribunal la revisión de la sentencia a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 14/2022, que modifica sustancialmente la malversación de caudales públicos con penas más leves.

La Comisión Europea está analizando si las últimas reformas del Código Penal diseñadas por el Gobierno de Pedro Sánchez están de acuerdo con las reglas europeas, especialmente la reducción de penas a la malversación, porque podrían afectar «a la defensa de los intereses financieros de la UE», según ha reconocido el comisario de Justicia Didier Reynders en un debate sobre la situación en España en el pleno del Parlamento Europeo. Por lo que respecta a la rebaja del delito de sedición, Reynders explicó que se trata de una competencia exclu

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que revise la condena de 13 años de prisión e inhabilitación que se impuso al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de ERC, Oriol Junqueras, y la sustituya por una pena de 7 años de inhabilitación absoluta tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica el de malversación.

El fiscal general firma un decreto para interpretar la reforma del Código Penal que modifica el delito de malversación

El 1 de noviembre de 2017, el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, llegó a la Audiencia Nacional. Esto se debió al recurso de la Fiscalía a la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicar a Carles Puigdemont el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Esto supone el primer pronunciamiento relevante del ministerio público sobre la reforma penal impulsada por el Gobierno.

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y los concejales que aprobaron la compraventa de la playa de Las Teresitas preparan la solicitud de la revisión de sus penas, sus abogados basan sus peticiones en la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que modifica el delito de malversación. Los tribunales entendieron que la operación fue "un plan urdido" por políticos, funcionarios y empresarios que supuso un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento.

Llarena ya ha aplicado la reforma del Gobierno. Ante la derogación de la sedición, los hechos son ahora subsumibles en un delito de desobediencia, pero no en el de desórdenes públicos agravados que introduce el Ejecutivo. Así, mantiene el procesamiento del expresidente catalán por malversación y cambia la sedición por desobediencia, un delito que no conlleva pena de cárcel y deja sin efecto las euroórdenes y las órdenes nacionales e internacionales de detención que estaban dictadas contra contra Puigdemont y los otros cuatro procesados.