La reforma del Código Penal español impulsada hace unos meses por el Gobierno de Pedro Sánchez, que benefició a varios políticos catalanes juzgados por su implicación en el procés independentista, podría tener una breve vida. La pena máxima prevista para el delito de malversación de fondos públicos, de cuatro años en los casos en que se aplican "tipos atenuados", está por debajo del mínimo planteado hoy por la Comisión Europea
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