El caso ha puesto en pie de guerra al barrio de El Pópulo, el más antiguo de Cádiz, en contra de la conversión de viviendas en alquileres turísticos

La entidad compra a los propietarios su humilde vivienda en el turistificado barrio de El Pópulo y le hace a su inquilina desde hace más de 50 años un contrato indefinido por la misma renta que está pagando.

Aunque se han reducido a la mitad los puntos de incumplimiento de la norma, el retraso acumulado ha hecho que Bruselas considere que persiste un problema “generalizado”. Tirar casi sin más las aguas sucias de una población al mar o al cauce del río es una práctica que a España se le ha convertido en un problema engordado a base de millones de euros en multas y juicios europeos. De momento, 87 millones pagados desde 2018 y dos procesos más pendientes de sentencia denunciados por Bruselas.

Torres, ingeniero aeroespacial de profesión, explica que esta idea surgió "al darnos cuenta de que la Bahía tiene un problema enorme de movilidad". Así, indica que "empezamos a investigar cómo podíamos hacerlos y vimos que la mayoría de los coches que se desplazan por la Bahía van vacíos, por lo que nos parecía muy interesante poder compartir esas plazas. De esta forma, el conductor comparte la gasolina y se ayuda a los ciudadanos a ir a los sitios a los que necesita ir, como trabajar, ir a la universidad o ir a la playa".

La Sociedad Gaditana de Historia Natural vuelve a poner en marcha el Proyecto Vencejos, junto al Zoo de Jerez, el CREA Dunas de San Antón y el Ayuntamiento de Chiclana. En tres años, más de 100 voluntarios han participado en la cría de estas aves en sus hogares. Estas aves se convierten en "guardianas de nuestros cielos, consumiendo diariamente miles de mosquitos y otros insectos perjudiciales para los humanos".

Varios colectivos se coordinan para frenar la cuenta atrás del desalojo de María, de 88 años y medio siglo de alquiler en El Pópulo, que tendrá que abandonar el 26 de junio la casa donde ha vivido desde 1967, porque su dueño ha proyectado hacer pisos turísticos allí. María, que tiene hijos y una pensión de 1.180 €, no puede adelantarse en una lista de demandantes de viviendas con familias en peor situación que la suya. Hasta en la precariedad hay niveles. Y esa es la angustia de la familia de María. Que no sabe qué va a pasar después del 26

Cristina Montero, Lourdes Rodríguez, Rosa Tocino y Vanessa Patrón llevan una media de 20 años como camareras de piso en una industria que representa el 20% del PIB en la provincia de Cadiz. Se sinceran sobre las consecuencias que ello les acarrea: medicadas, agotadas y 'quemadas'. Su trabajo día a día es una carrera contrarreloj; llegan a evitar beber agua para no tener que ir al servicio, porque eso supone pérdida de tiempo efectivo y deben limpiar de 18 a 20 habitacione cada jornada.

Europa tiene un grave problema con aguas subterráneas dañadas por nitratos y pesticidas. Una investigación de DATADISTA revela la magnitud del problema: más de un millón de personas en España residen en puntos críticos por contaminación por nitratos en el agua del grifo. Donde no es posible traer agua superficial, se invierten cantidades desproporcionadas, para los presupuestos de pequeños municipios, en plantas que desnitrifican el agua, pero solo arrojan una parte potable. El resto, un concentrado de nitratos, se deja libre en arroyos y ríos.

Y es que, donde hay quien ve una mejora en las telecomunicaciones y prima el interés general, ellos ven un “ peligro constante para la salud”. Ese es el principal argumento que los vecinos usan para justificar su negativa a que la torre de telecomunicaciones 5G, que de momento solo tiene una estructura de 40 metros, empiece a cumplir su función. La torre en cuestión se encuentra en el interior de una propiedad privada. Un vecino de la calle ha “arrendado –según los vecinos- una parte de su parcela para la colocación de esta infraestructura”.

Al trascender unas diligencias de investigación iniciadas en 2021, la exlíder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha denunciado "el lawfare político" al que está sometida su pareja, parafraseando las palabras que Pedro Sánchez le dedicó a su esposa: "Yo también soy una mujer profundamente enamorada de mi marido que vive con impotencia el fango que sobre él esparcen día sí y día también".Por su parte Adelante Andalucía Cádiz ha afirmado que se trata de una más de las 18 denuncias recibidas, “todas archivadas”

Hay nueve detenidos y se han incautado 77 fardos de hachís con un peso de 2.500 kilos El alijo se detectó a través del SIVE y durante la intervención se ha contado con apoyo de Policía Nacional de Sanlúcar Narcolanchas en Cádiz: El peligro viene del mar Narcotráfico: Los amos del Estrecho

El objetivo es lograr la delimitación internacional de las aguas isleñas

Tras las denuncias de Ecoloxistas en Acción, Aguas de Galicia ha sancionado a EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. por vertido no autorizado de aguas residuales al río Brandelos en Touro. La organización ecologista lamenta que, pese a la reincidencia, se imponga una pena leve sin tener en cuenta el agravante de la persistencia y continuidad de la conducta delictiva.

La pandemia paralizó de forma abrupta la mejora del empleo en la ciudad, iniciada unos años antes El 75% de quienes buscan trabajo lo hacen en el sector servicios El sector servicios despunta y se llena el 80% del empleo en Cádiz La hostelería refuerza su papel como creadora de empleo.

La presión popular parece haber surtido efecto. El anunciado desahucio de María Muñoz, previsto para el 26 de junio para convertir su piso en vivienda turística, seguramente no tendrá lugar. Su hija agradece a Agustín Rubiales (constructor que ofrece un piso), a Antonio Gallardo, presidente de la plataforma de vecinos del Pópulo. Pero también destaca el apoyo constante del Ayuntamiento. El ayuntamiento, por su parte, intenta que se cancelen las solicitudes de viviendas con fines turísticos (VFT) en la ciudad de Cádiz. Pide quedarse 8 meses más

La gran producción de cannabis en Marruecos hace que clanes sanluqueños estén ofertando alijos por 60 euros/kilo, la mitad de lo que piden los del Campo de Gibraltar. De cada 100 kilos que llegan cada año a suelo comunitario, 72 lo hacen a través de las costas andaluzas. Otro problema añadido es que clanes gallegos se han lanzado a construir narcolanchas para transportar hachís, coca e inmigrantes y venderlas para ser usadas en el Estrecho. En Cádiz un gramo de costo cuesta 5 pavos. En los madriles, 7. En Euskadi 9, en Noruega 23.

Se llama María Muñoz y tiene 87 años. El próximo 26 de junio, como máximo, será desahuciada de la casa en la que ha vivido 57 años, desde 1967, en alquiler. Con el barrio lleno de carteles y una creciente indignación vecinal, el Ayuntamiento trata de buscar alternativas imposibles. Su impacto, incluso en televisión, con colaboración municipal y una mención en el Parlamento de Andalucía, ha sido tan fuerte que ha causado una pequeña revuelta vecinal. "Será legal pero no es decente."