La Junta de Fiscales de Sala ha respaldado este lunes por unanimidad la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de permitir que la Fiscalía Europea investigue el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero en paralelo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción española.

No ve que haya habido malversación porque de hecho las mascarillas llegaron a su destino.

La Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha avanzado la Cadena Ser, llamará a declarar a Tomás Díaz Ayuso por su papel de mediador en el contrato de 1,5 millones adjudicado a la empresa Priviet Sportive S.L. por el que llegó a percibir 55.850 euros más IVA. Además, este órgano judicial citará a Daniel Alcázar, administrador único de la empresa adjudicataria. Ambas declaraciones se producirán en las próximas semanas, aunque no hay una fecha definida.

La Fiscalía examinará en las próximas semanas si hay indicios de que la adjudicación del contrato al hermano de Ayuso estuviese amañada, de que cobrase algún tipo de comisión ilegal y no por trabajos realizados, así como si pudo usar Priviet Sportive como empresa pantalla

La Fiscalía critica que la dirección nacional del Partido Popular "consentía y aceptaba" el descontrol de la financiación en Valencia sin establecer los mecanismos de prevención marcados por la ley de financiación de partidos de 2015. El Partido Popular afirmó a la justicia que se adecuaría a la ley en 2017 pero incumplió su compromiso, y su actual presidente, Pablo Casado, reiteró la promesa en febrero pasado, pero sigue sin aprobarlo

El ministerio fiscal, que también solicita que se investigue al exconsejero del PP Juan José Güemes, estima en 10 millones de euros las pérdidas para las arcas públicas por el recorte en el hospital Puerta de Hierro

La Fiscalía recurre a la Sala de lo Penal la negativa del juez instructor a citar a nuevos imputados y testigos por el presunto dinero negro de Indra al PP de Aguirre. García Castellón acusa a los fiscales de dilatar innecesariamente la causa con una "vía oblicua" y estos se quejan de que llevan tres años esperando que les entregue documentación

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga si la eléctrica contrató los servicios del excomisario José Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.

La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación Provincial de Valencia, Alfonso Rus, y otros siete acusados en el marco de la pieza separada D del ‘caso Taula’, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de "call center" para la empresa pública Imelsa.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la citación en calidad de investigado del ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias en el denominado caso Dina que se instruye en la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que ya también ex líder de Podemos, tras haber abandonado su escaño en el Congreso de los Diputados y salir de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, ha perdido su aforamiento ante el Tribunal Supremo y ello abre la puerta a que el juez pueda citarle como investigado en esa causa.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el comisario encarcelado y encausado en una treintena de piezas, José Manuel Villarejo

Niega haberlo filtrado o que exista un pacto, aunque analizará el documento para posible aplicación de atenuantes.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo la denuncia presentada por el rival de Pablo Iglesias en la última asamblea del partido que le señalaba como responsable de un fraude en las primarias, al entender que es de su competencia dado que afecta a un aforado. Además del vicepresidente Pablo Iglesias se dirige contra la actual ministra de Igualdad Irene Montero.

Insinuaciones de filtraciones, traspaso de casos por decreto y la salida de uno de los fiscales que investigaba al comisario alteran la relación con el equipo de Delgado.

Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales que han impulsado las más de treinta piezas de las que se compone por ahora el caso Villarejo, no seguirá en la Fiscalía Anticorrupción y, por tanto, dejará de investigar esta macrocausa. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha rechazado asignarle una de las nueve plazas en propiedad en ese departamento a las que había optado y que ha adjudicado este martes. Hasta ahora, Stampa estaba en la Fiscalía Anticorrupción en comisión de servicio.

La petición se produce tras la declaración este jueves del exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, quien calificó todo este asunto de "montaje" de la cúpula del partido para denunciar una operación de las 'cloacas' del Estado de cara a las elecciones de abril de 2019.

Tenemos que ser muy prudentes en todo lo que decimos. No cuando sale un informe de un fiscal, sino sobre todo lo que hace el poder judicial (...) Hay quien le gusta poner el carro antes que los bueyes", ha asegurado Pastor, que ha insistido más adelante en compararlo con Unidas Podemos: "Hablamos de un informe de la Fiscalía y no hablamos de la imputación [en referencia a Podemos].

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa ‘Tándem’ que cite a declarar a nuevos investigados en el marco de la pieza 7, entre ellos a la que fue secretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y al que fuera ministro del Interior en el Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz,

A lo largo de 76 paginas el Tribunal de Cuentas ha analizado la inadecuada e irregular ejecución de los contratos formalizados por el IMSERSO para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación del nuevo Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (NSISAAD) a través de los expedientes de contratación y subcontratación tramitados entre 2013 y 2018 que suponen 17.201.069 euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre los fondos destinados por la CUP a la campaña independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. En un escrito presentado hace un año, Cs recordaba que la legislación establece que las asignaciones que reciben de los grupos a través del Parlament no se pueden destinar "a sufragar actividades ilícitas", como a su juicio era la campaña del 1-O

Òmnium Cultural ha puesto en marcha una ofensiva jurídica e internacional contra los poderes del Estado español y ha situado como primer objetivo la Corona. El presidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha anunciado que han instado al gobierno de Suiza a bloquear las cuentas de Juan Carlos I en aquel país y que hoy mismo han presentado una querella criminal contra el rey emérito en el Supremo por los delitos de corrupción, fraude y blanqueo de capitales.

La Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado abrirá nuevas actuaciones para investigar la posible filtración de información por parte de los fiscales de Anticorrupción que investigan el caso Villarejo a la abogada de Podemos personada en la causa como acusación y que ha venido representando al vicepresidente Pablo Iglesias y su exasesora Dina Bousellham.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales".

En dicha denuncia registrada ante la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Público, Ábalos especifica que la difusión de material privado que le afecta personalmente a él y a personas de su entorno habría "sido consentida". En ese sentido, la investigación que solicita "se dirige a quien tiene la obligación de preservar esta privacidad, que no son otros que los funcionarios que hayan intervenido en la investigación y quienes hayan sido custodios de esta".

El ministerio público toma la iniciativa tras la decisión del juez Peinado de acudir el 30 de julio a La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno. Esta institución prevé tomar dicha iniciativa después de que el magistrado Juan Carlos Peinado, responsable del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, haya acordado este lunes que irá el próximo 30 de julio al palacio de La Moncloa para, a partir de las 11.00, interrogar al jefe del Ejecutivo.

Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír han anunciado este sábado que han solicitado personarse en el procedimiento abierto en la Fiscalía Europea para investigar el uso de fondos europeos en contratos públicos con los que tuvo relación Begoña Gómez.La Fiscalía Europea reclamó a la Justicia española la parte principal del caso en la que está investigada Gómez en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias por una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias.

Resalta que ninguno de los delitos por los que pidió hasta 27 años de prisión supuso una violación grave de derechos humanos. La Fiscalía presentó en su día un escrito de acusación que reclamaba 27 años de prisión para ocho detenidos en la operación Judas y ocho para otros cuatro. El Ministerio Público considera que las actividades de la célula radical surgida de los CDR, autodenominada ERT (Equipo de Respuesta Rápida), supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista y, para ocho de los investigados, también de tenenc

La Fiscalía calcula que, a fecha de junio de 2022, el periodista contrajo una deuda con Hacienda de 3,2 millones de euros y le acusa de un delito de frustración de la ejecución -antes denominado alzamiento de bienes-. Por ese delito pide para él 4 años y 6 meses de prisión, una multa de 31.500 euros y el pago de una indemnización a la Agencia Tributaria de 1,3 millones de euros, que presuntamente habría evadido entre 2011 y 2014.