El que fuera el alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y expresidenta del PP regional Esperanza Aguirre “era la persona que controlaba, conocía y que daba todas las órdenes de todo lo que se hacía en el partido”.Además de González Panero han declarado ante el juez el que fuera alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, y la exadministradora de las empresas del cabecilla de la Gurtel Isabel Jordán.

Guillermo Ortega, en prisión por el Caso Gürtel, ha asegurado que alcaldes como él le hacían entregas de dinero en metálico a Aguirre, quien llamaba a los donantes para agradecérselo personalmente. Ha asegurado también en su declaración que se produjo una reunión en Génova, sede del Partido Popular, en la que el extesorero Álvaro Lapuerta dio a Aguirre 60.000 euros mensuales de un constructor para financiar su campaña de 2007.

Si el caso Gürtel ganó peso cuando Bárcenas hizo llegar sus papeles al juzgado (negando al principio que fueran suyos, ¿se acuerdan?), el caso Púnica gana datos ahora que Majarliza le ha llevado al juez sus papeles. En los que reflejó las comisiones que fue pagando a los políticos con los que trataba (o mejor, con los que traficaba favores) en los municipios de su ámbito geográfico: por supuesto en Valdemoro, patria de Paco Granados (ahijado político de Esperanza Aguirre), pero también de Getafe, de Pinto...

David Marjaliza, el arrepentido de la Operación Púnica cuyas revelaciones mantienen contra las cuerdas al antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, y al propio partido, se ratificó este martes en lo que ya había avanzado en declaraciones anteriores: que además de a Granados pagó entre 1999 y 2002 por operaciones urbanísticas a alcaldes y concejales del PSOE y a un edil de IU.

García-Castellón rechaza las últimas maniobras de los dos investigados por financiar irregularmente al PP regional y acusa a López Madrid de intentar "retrasar" la instrucción con una "estrategia vistosa y de poco recorrido". Villar Mir, imputado por las mordidas al PP de Madrid: "He dejado de trabajar en algunas comunidades autónomas por la corrupción".

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de investigar el caso Púnica de corrupción, un informe pericial en el que constata la “manifiesta ilegalidad” de la cláusula del 1% que los ejecutivos de Esperanza Aguirre incluyeron en las licitaciones de obras y servicios de cerca de medio centenar de hospitales y centros de salud.

La principal adjudicataria es Cofely España, S.A., considerada como el eje de la trama Púnica, quien se ha embolsado 376.606 euros desde 2015. El último contrato, superior a los 190.000 euros, le fue adjudicado en 2018.

La trama del 11M y la técnica para fabricar una teoría de la conspiración El mayor atentado terrorista en la historia de España originó una cadena de bulos y mentiras con la que El Mundo intentó salvar la responsabilidad de Aznar y el PP en la tragediaAznar, muerte y resurrección en el PP: recupera su influencia en la derecha en una nueva era de la crispación

David Marjaliza ha presentado un escrito en los Juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, en el que asegura que el ex secretario general del PP le ha denunciado "para tratar de influir en su actual y futura conducta procesal de colaboración" en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional

La trama organizada en la Policía durante el último Gobierno del Partido Popular para atacar a la oposición se sienta por primera vez en el banquillo. El comisario que eligió aquel Ejecutivo para dirigir el Cuerpo, Eugenio Pino, y uno de los mandos que ocuparon la primera línea de la brigada política que éste organizó, Bonifacio Díez Sevillano, serán juzgados a partir del martes por haber intentado impulsar la causa judicial contra los Pujol con información presuntamente robada.

La trama que salpica a exdirigentes del PP madrileño como Francisco Granados, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, contaba con fecha límite el 6 de junio, es decir, este mismo sábado. Da un plazo 'extra' de 82 días -los mismos que han estado suspendidos los plazos procesales- y ordena impulsar la investigación en Valdemoro.

Diciembre de 2016. Pamplona. Casco Viejo. Burundanga. Dos mujeres agredidas sexualmente. Dos hombres detenidos como presuntos autores. Un tercero, policía foral de Navarra, acusado.

El caso, que suma varios centenares de imputados y se divide en un total de 11 piezas, encauzaba su fase final. Aunque algunas de sus patas ya están terminadas -como ocurre con las piezas de León y Murcia sobre los contratos amañados al informático Alejandro de Pedro- otras se están atascando muchos más. Esto último pasa en investigaciones consideradas 'troncales' en la macrocausa como es la relativa al pelotazo de Valdemoro -que se tendrá que indagar por orden de la Sala de lo Penal pese al carpetazo acordado por el instructor-.

Fueron meses de tensión soterrada, pero Javier Monzón salvó con éxito su continuidad como presidente de Prisa en el último trimestre del año pasado. Buena parte de esa decisión dependió del informe jurídico elaborado por el despacho Pérez Llorca, tal como detalló la propia empresa editora este lunes en su informe anual de gobierno corporativo remitido a la CNMV. A comienzos de septiembre del año pasado, con motivo de su comparecencia como investigado en la Audiencia Nacional por el caso Púnica, la comisión de nombramientos de Prisa inició...

Ni son bots, ni el Ministerio está detrás, ni mejora su cuenta de facebook. Lo curioso es que este diario sea difundido por una empresa relacionada con el caso púnica. Quién estaba detrás era Alejandro de Pedro, propietario de varias empresas que se dedicaba a la creación de webs y cuentas falsas de redes para hacer astroturfing y defender a corruptos del PP y atacar a sus enemigos polítcos, como la marea verde.

Dijimos que estamos hablando, además de otros delitos y corrupciones, de unos 1.300 asesinatos documentados, supuestamente, siempre supuestamente (faltaría más), por la trama criminal del ex-fiscal José María Mena Álvarez. Recordemos: el 60% de ellos por encargo del PSOE, un 35% pagados por particulares y el resto por intereses personales. Para Alberto Royuela la trama era una especie de “servicio secreto del PSOE”, en gran medida diseñado por Juan Alberto Belloch.

En la recta final de la instrucción, la Sala de lo Penal desestima recursos y respalda al juez, que ve indicios de criminalidad en los contratos de los Ayuntamientos de Almendralejo y Valdemoro con Cofely.

Dos días después del encendido de la llama olímpica en Olimpia, la etapa griega del relevo de la antorcha de Tokio 2020 ha sido cancelada debido a la pandemia de coronavirus, según ha informado este sábado el comité organizador de la cita olímpica prevista en la capital nipona.

Decisión de calado en el caso Púnica. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Fiscalía Anticorrupción y ha ordenado al magistrado que investiga esta presunta red de corrupción, Manuel García Castellón, que reabra la investigación sobre el pelotazo urbanístico de Valdemoro, localidad epicentro de la trama. Los magistrados consideran que los hechos relativos a la modificación de las normas de urbanismo de manera ilegal no estarían prescritos pese a haber tenido lugar antes del año 2004.

La reciente aprobación de la Circular 3/2020 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyas disposiciones entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2020, genera un nuevo escenario en el ámbito de la compensación de energía reactiva. Circutor explica las consecuencias de su implementación. Se establece una penalización por exceso de inyección de energía capacitiva a la red, comúnmente denominado sobrecompensación, en todo el periodo tarifario 6 y para todos los consumidores conectados a una tensión superior de 1 kV...

Sobre esta libreta quiso preguntar Jordi Évole: «En tu casa encontraron una libreta con cantidades y nombres que la Guardia Civil cree que es una contabilidad B del Partido Popular», indica el presentador a Granados. El ex político afirma que «ni aparecen cantidades ni aparece dinero, es decir, ni pone 2000 €, ni pone 3000 €, ni pone 100 000 €…, ni aparecen nombres ni nada por el estilo». Ante la negativa, Évole insiste: «La nota pone: IN, OUT, 300, 200… ¿Tú dices que son personas que entran y salen de actos?»

La jueza advierte a Alejandro de Pedro por no colaborar durante la declaración como testigo en la causa por acoso,a la que ha sido citado por los mensajes que apuntan a que el empresario le contrató para perjudicar a la mujer López Madrid envió un mensaje con la dirección exacta de la doctora Pinto al experto informático de Púnica. López Madrid afirma: "Ya tengo la dirección". De Pedro le contesta: "Estoy hablando con los hackers que llevan temas de la policía. Destruir el móvil completo es lo más seguro". Es entonces cuando López Madrid respon