La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, encargado de investigar el caso Púnica de corrupción, un informe pericial en el que constata la “manifiesta ilegalidad” de la cláusula del 1% que los ejecutivos de Esperanza Aguirre incluyeron en las licitaciones de obras y servicios de cerca de medio centenar de hospitales y centros de salud.
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