CADAL comparte el esfuerzo de documentación conjunto, por parte de diferentes ONG venezolanas. El informe concluye que las actuaciones de las autoridades ratifican que en Venezuela se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma; que la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como “Terrorismo de Estado”; que la grave erosión de la ins
