Borges se había comprometido a comprar los pistachos a un precio cerrado, beneficioso para ambas partes. Sin embargo, el año pasado vendió toda su sección agrícola. Tras la transacción, la compañía se ha desentendido de los payeses, a quienes antaño asesoraba, y les ha comprado el producto a “un precio irrisorio”, a la vez que cobraba el procesamiento del fruto seco “muy por encima de las cuotas del mercado”. Presuntamente, el mal trato del grupo a los payeses buscaba que éstos rompieran su contrato y así no tener que pagar una indemnización.

Tenía tres días para abandonar el asilo a menos que realizara un pago de US$110.000. Se sorprendió debido a que firmó un contrato vitalicio para poder vivir en el hogar de ancianos. En su momento, realizó un pago de US$250.000 y, además, pagó un alquiler mensual de US$5.000. No obstante sus ahorros se agotaron, y la compañía que gestionaba el hogar se declaró en quiebra y vendió sus instalaciones a otra. Esta ahora le está exigiendo el pago si quiere permanecer en el lugar, a pesar de afirmar que respetarían los contratos anteriores.

Elbit Systems, la principal proveedora israelí del Ministerio que dirige Margarita Robles, se jacta en un documento de haber incrementado notoriamente sus ingresos gracias a la masacre. Sus negocios en España también aumentan.

El anuncio ha sido criticado por el Partido Popular, alegando que puede causar un “efecto llamada”, pero ya se aplica desde hace años en otros países como Marruecos, Honduras, Ecuador o Uruguay. También se ha impulsado en los gobiernos del PP, especialmente en el caso de las temporeras marroquíes que vienen a España para la temporada de la fresa

Según denuncia Compromís, el concejal de Empleo, Juanma Badenas, pidió presupuestos a tres consultoras de Madrid dirigidas por economistas ultraliberales, que suscribieron una carta contra las políticas del gobierno de España

La asociación ultracatólica Hazte Oír amplió a principio de agosto su querella contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno para que se investiguen estos contratos.

Rueda ha adjudicado en apenas dos años más de 17,3 millones de euros a la empresa de la que ejerce como directiva la hermana pequeña del presidente del principal partido de la oposición. La desorbitada cantidad se ha canalizado a través de 175 contratos suscritos entre mayo de 2022 y junio de 2024 y se suman a los más de 37 millones que la empresa recibió durante los años en los que Feijóo capitaneó la Xunta.

Pasando la pequeña ermita de Santa Luzia y el Ayuntamiento de Ezkio, en dirección a Zumarraga, gira hacia la derecha una carretera sin ninguna señal pero con un pavimento que parece nuevo. Como si estuviera esperando a ser machacado con el traqueteo de trolleys. Conduce hasta la estación del Tren de Alta Velocidad (TAV) de Ezkio/Itsaso, en el interior de Gipuzkoa. O eso es, al menos, lo que está proyectado. En la actualidad se alza como un edificio fantasma sin acabar y sin uso, con una valla cerrada con doble candado que impide el acceso.

Según pudo saber la Guardia Civil, éstos contrataban a personas para la limpieza, en muchos casos extranjeras en situación irregular en España, a las que prometían el alta en la Seguridad Social, pero sin llegar a efectuarla.

La pestilencia en la puerta de casas, bares y otros negocios locales tiene saturados a los vecinos, que han quemado todos sus cartuchos de paciencia con un choque laboral intermitente que se repite con demasiada frecuencia: más de 21 paros en 15 años desde que la empresa (antes Cespa) se adjudicó el servicio municipal. Así están en A Coruña desde el pasado 23 de junio, en medio de la guerra abierta que, lejos de solucionarse, se ha judicializado escalando hasta la Fiscalía provincial.

El organismo fiscalizador señala en un informe que "se pone de manifiesto una defectuosa planificación de la gestión contractual por parte del órgano de contratación" en el 33% de los contratos.

Los juristas creen que caben dos posibilidades: que la cosa concluya con una sanción administrativa, o que las irregularidades detectadas acaben por ser calificadas como delitos de falsedad en documento y prevaricación

Educación ha trasladado a Fiscalía el caso de la Escuela de Arte de Alcalá, desvelado por elDiario.es. La obra costó 1,2 millones, se encargó a dedo y se simularon contratos menores, el mismo sistema que el caso de Ciudad Escolar.

El precio total de los contratos aumenta en 23 millones, hasta los 84.548.765 euros, porque incluirá "mejoras" en las condiciones laborales, horarios y salarios. Como existe la posibilidad de prorrogarlos durante un año, el valor estimado puede ascender a casi 135 millones.

La directora del Instituto de las Mujeres en la presente legislatura, Isabel García, y su esposa, Elisabeth García, están siendo cuestionadas por haber obtenido presuntamente 64 contratos públicos adjudicados a dos empresas que ambas comparten por parte de ayuntamientos gobernados por el PSOE para la organización de Puntos Violeta, lugares seguros para víctimas de violencia machista en espacios abiertos, comercios, empresas u organismos públicos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pide “explicaciones” a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por los contratos adjudicados por diversas administraciones a la sociedad que comparte con su pareja. La directora y su pareja han obtenido durante dos años encargos para gestionar puntos violetas y otras actividades relacionadas con la igualdad de las mujeres por valor de 250.000. 64 de ellas fueron adjudicaciones directas, insiste el medio.