La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no tiene potestad para investigar el posible espionaje por parte del CNI a líderes del procés, como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, a través del software Pegasus. Aseguran que "la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, en su artículo 2, excluye de su aplicación a los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas, una exclusión recogida porque así lo contempla el Reglamento en el margen que deja a los Estados en sus…

El debate surgió cuando, en febrero de 2016, el euríbor a 12 meses, la referencia para la mayoría de las hipotecas variables en España, entró en negativo por primera vez. Y arreció cuando el Banco Central Europeo (BCE) redujo los tipos de interés de la facilidad de depósito hasta el -0,40%. Entonces, una pregunta adquirió protagonismo: ¿llegarían a cobrar los hipotecados un interés por su hipoteca si el euríbor cayera tanto que su nivel negativo superaría el diferencial aplicado en el contrato sobre el índice hipotecario?

El Presidente madrileño ha anunciado que exigirá, a través de una Proposición No de Ley (no vincultante), que se blinde la capacidad fiscal de la Comunidad de Madrid para evitar que el Gobierno de la Nación les usurpe ese derecho. "Nuestra fiscalidad está pensada para los madrileños de clase media, y los madrileños que tienen dificultades en su día a día, a quienes este Gobierno está apoyando con su política de impuestos bajos"..

El PP saca adelante en solitario el primer trámite de los cambios de la ley gallega de salud, que da cobertura legal explícita a pactos con compañías privadas como los que la Xunta ya ha ocultado al Parlamento. Los órganos de participación de sindicatos y ciudadanía perderán con la nueva norma el derecho a ser "informados" sobre "contratos de servicios sanitarios, conciertos y programas de subvenciones".Esto es exactamente lo que sucedió en los convenios entre el Sergas y la americana Medtronic, en los que la sanidad pública puso dinero y perso

Una enmienda colada de tapadillo por el Grupo Popular en el Congreso durante la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley que poco o nada tiene que ver con la energía, el relativo a la Ley de Metrología, servirá al Ministerio de Industria para blindar su control sobre la tarifa eléctrica frente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

La respuesta no es sencilla ni unívoca puesto que existen interpretaciones judiciales diversas de la ley trans, como explican a EFE magistradas expertas en violencia de género.

Buscar aparcamiento en zonas concurridas o céntricas puede convertirse en tarea imposible o realmente complicada. Sin embargo, ante este desafío algunos utilizan el truco de "guardar" de pie la plaza para un conductor y negar el aparcamiento a otros vehículo. La Ley Seguridad Vial recoge que el peatón debe respetar toda señal de tráfico y no puede permanecer detenido en la calzada ni el arcén si existe otro lugar adecuado para ello, por lo que el acto de ocupar el espacio de una plaza de aparcamiento choca con la norma y puede acarrear multa.

El precio del alquiler sube un 8,6% interanual en julio frente al 3,4% del mismo mes de 2023. Es el segundo incremento más alto en los últimos 12 meses, según Fotocasa.

En muchas ocasiones el obstáculo para condenar un delito de odio radica en la falta de precisión jurídica para distinguir mensajes xenófobos y racistas del ejercicio de la libertad de expresión. El colapso de la justicia española entorpece más aún resolver esta situación.

Este fallo judicial expone una realidad perturbadora: las leyes actuales son insuficientes para proteger a los ciudadanos de los pequeños delitos que, acumulados, generan un gran impacto social y económico. No es la primera vez que vemos a delincuentes reincidentes burlarse de la justicia, beneficiándose de un sistema legal que, en su afán de proteger los derechos individuales, termina protegiendo más a los agresores que a las víctimas. Permitir que estos presuntos delincuentes sigan en libertad envía un mensaje nefasto

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra la ley de paridad, después de que este jueves haya entrado en vigor con un error técnico. La exministra ha asegurado que la norma está "mal hecha" y ha recriminado al mismo tiempo al "Partido Judicial" por no decir "ni mú". "Hay veces que las leyes están mal hechas de verdad, pero entonces no verás al Partido Judicial Reaccionario decir ni mú. No falla", ha escrito en la red social X.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó este jueves que un cambio de sexo no puede eludir la aplicación de la ley y que aquellos que cometen fraude de ley abusando los derechos de las personas trans y LGTBI para eludir una condena por violencia de género se enfrentan a dos delitos. A preguntas de los periodistas durante un acto en Palencia, Redondo insistió en que “el fraude de ley no está permitido en nuestra legislación ni en nuestro ordenamiento jurídico, ni con respecto a esta ley ni con respecto a ninguna otra”.

A lo largo del proceso penal, desde que se producen las primeras investigaciones hasta que (si fuera el caso) se termina de cumplir una condena, el encausado, aunque no se encuentre en prisión, puede ver limitada su libertad de diversas formas. La falta de claridad de la terminología utilizada en el mundo del Derecho puede dar lugar a una cierta confusión. Todas las situaciones de libertad limitada (llamémosla así) implican que, si bien el individuo sometido a un proceso penal se encuentra en libertad, para conservarla debe cumplir.

La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó la semana pasada de "error lamentable" lo que había ocurrido y apuntó a que en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria, el problema sería subsanado en el Congreso. una omisión en la redacción de la Ley de Paridad, la primera que aprobó el último Gobierno de Pedro Sánchez bajo la dirección de la nueva ministra, ha provocado que este tipo de despido ya no vaya a ser nulo sino improcedente.

La Ley Europea de Inteligencia Artificial (o AI Act), que entró en vigor el 1 de agosto de 2024, contempla los usos de IA y datos biométricos y los regula en base al nivel de riesgo que suponen. Hay algunas prácticas prohibidas, como el reconocimiento de emociones en espacios de trabajo o estudio, la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos con fines policiales y la creación o ampliación de bases de datos de reconocimiento facial con imágenes de internet o CCTV.

La Junta de Fiscales Supremos acordó el pasado 22 de julio interponer la demanda de inconstitucionalidad contra esta norma recientemente promulgada por el Congreso peruano. En el documento, la Junta de Fiscales Supremos expresó su rechazo a la ley, al considerarla contrapuesta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Señalan un impacto negativo en la tramitación de las investigaciones y procesos judiciales en casos de lesa humanidad como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja...