Una buena porción de estos grupos violentos organizados reciben el apoyo sistemático del poder político, que suele utilizarlos como fuerza de choque en actos y campañas. En muchos casos, el rastreo judicial de sus fuentes de financiamiento reveló vínculos con dirigentes gubernamentales y de las instituciones deportivas, entre los cuales también se pueden hallar estrechas relaciones.
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