Unas 70 personas fueron desalojadas de 14 sus viviendas. Un grupo numeroso de policías "obligó mediante la fuerza a abandonar los inmuebles, sin importarles la existencia de niños, incluso lactantes, que se encontraban dentro de los mismos. Algunos afectados fueron "vilmente engañados" por la Dirección Municipal de la Vivienda, que les impuso multas "con la promesa de que, a cambio, se les permitiría iniciar la legalización". La gran mayoría de las familias lleva más de 10 años residiendo en el lugar.
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