En plena crisis económica, y una vez aprobada en 2010, una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que el agua y el saneamiento eran derechos humanos. Desde esa fecha, en Andalucía se han seguido produciendo desahucios hídricos contra familias a las que la crisis les impedía pagar la factura del agua. El presidente del grupo Agbar, Ángel Simón, admitió que "cada mes se hacen 12.000 cortes" sólo a manos de su Corporación, como confirmó en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona.
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