Se da la circunstancia de que el PP pone en marcha su oficina anticorrupción solo unos meses después de que la justicia haya decidido sentarles en el banquillo por el borrado a martillazos de los ordenadores de Bárcenas. El anuncio coincide también con la procesión de cargos populares que estas semanas han tenido que explicar en juicios y comisiones de investigación su conocimiento sobre la presunta financiación irregular de la formación conservadora.
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