Miles de guardias equipados con gases lacrimógenos, garrotes y pistolas de descargas eléctricas vigilan estos establecimientos rodeados de alambradas y de cámaras infrarrojas. Los centros deben “enseñar como colegios, ser gestionados como en el ejército y defendidos como cárceles”, citando al jefe del Partido Comunista Chino (PCC) en Xinjiang. Según activistas en el exilio, se trata de campos de reeducación política cerrados en los que permanecen o estuvieron un millón de personas.
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