La red captaba a las mujeres en Venezuela bajo la promesa de un trabajo digno con el que pagarían su deuda de 4.500 euros y, posteriormente, eran obligadas a prostituirse durante los 90 días que duraba su estancia legal en España. Estas eran controladas en todo momento por vídeo-vigilancia. La investigación se inició cuando una mujer venezolana denunció, mediante correo electrónico, que era víctima de trata de seres humanos y estaba siendo prostituida en un piso. La organización se valía de la situación de precariedad que vivían estas mujeres.
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