La lentitud del Gobierno en trasladar al ordenamiento jurídico español la legislación europea beneficiará a varios de los imputados en la Audiencia Nacional por la quiebra del Popular. El Ejecutivo no ha incorporado aún una directiva europea aprobada hace casi cuatro años que obliga a todos los países miembros de la UE a castigar con penas de hasta cuatro años de cárcel el delito de manipulación del mercado, uno de los que se investigan en la causa. El resultado es que, en caso de que esos querellados finalmente sean condenados (...)
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