La actividad bancaria es necesaria y esencial para asegurar el ahorro, gestionar los pagos y cobros, facilitar el consumo de las personas y de las familias, ayudar, por ejemplo, a la inversión de las PYMES y familias o financiar la vivienda social en alquiler. El Estado debe garantizar esos derechos económicos a través de la Banca Pública y evitar la exclusión financiera.
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