El decreto que lanzó el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado marzo que modificó los contratos de alquiler fue tachado de insuficiente por los sindicatos de inquilinos y por el grupo de Unidas Podemos, que no obstante facilitó su aprobación en el Congreso para evitar, explicaron, el mal mayor de mantener la ley del PP. De este modo, se elevó la duración de los contratos de tres a cinco o siete años (las personas jurídicas) y se limitaron las fianzas y garantías exigibles al inquilino a tres meses.
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