La Constitución Española reconoce, en su artículo 47, que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada" y que las instituciones "establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho". Es por ello que la legislación española tiende a proteger los derechos de los habitantes de la vivienda frente a los propietarios.
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