El Gobierno ha dado luz verde a la nueva Ley de Montes, cuyo texto se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 9 de febrero, que introduce reformas como la posibilidad de construir en los montes quemados o la retirada de las atribuciones que tienen los más de 6.400 agentes forestales para vigilar, investigar y llevar a los tribunales los delitos ambientales
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