El reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), que entró en vigor en marzo con tres años y medio de retraso, establece que cada uno de los centros deberá contar con un “servicio de asistencia sanitaria con disponibilidad de personal, instrumental y equipamiento necesario para la atención permanente y de urgencia de los internos”. Además, establecía que las prestaciones sanitarias, así como las de asistencia social, podían concertarse con entidades públicas o privadas.
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