Como los delitos de genocidio y tortura no prescriben ni son amnistiables, hay que continuar con las denuncias y querellas, ampliándolas a otros presuntos culpables. Debe quedar demostrado que se persiguió, encarceló y torturó por motivos de conciencia u opinión a miles de personas, que estas actividades se realizaron manera generalizada, planificada y profesionalizada, que la dictadura dirigió, organizó y pagó esta compleja maquinaria represiva y que protegió a sus “fieles servidores”, blindándolos legalmente mediante aforamiento..
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