El Gobierno quiere aprovechar el Real Decreto Ley que regulará la distribución y adjudicación de los fondos europeos que llegarán a España en los próximos años para ejecutar una serie de retoques en la normativa sobre contratación al objeto de hacer singularmente atractiva la adjudicación de proyectos a los llamados medios propios de la Administración como Tragsa e Ineco.
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