Calculando que en España haya unos dos millones de consumidores y un gasto final estimado de 100 euros al mes por persona, estaríamos hablando de una facturación de doscientos millones de euros al mes, de los cuales 60 podrían ser de impuestos directos. En estos tiempos de crisis y recortes en los servicios sociales no entendemos como los estados no la han legalizado ya.
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