Con esta reforma se dio rango constitucional a la prioridad absoluta para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto... En definitiva, se trata de conseguir que la situación de equilibrio presupuestario se compute a lo largo del ciclo económico, la eliminación del déficit 0 y fijar un déficit estructural a partir de 2020 que no supere el 0,5 % del PIB nominal, flexibilizar los objetivos en la senda de transición, eliminar la prioridad absoluta del pago de la deuda..
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