El pasado mes de marzo internet en España se revolvía al conocerse que LaLiga había conseguido una autorización judicial que le permite pedir a las operadoras de telecomunicaciones información personal de clientes, con la que identificar a los que desde su conexión han accedido a servidores IPTV en internet utilizados para transmitir fútbol pirata. La noticia era preocupante, puesto que se trataba de la primera ocasión en la que se apuntaba de forma directa al usuario final en vez de a las redes de difusión intermediarias.
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