Seis años después de su aprobación, un estudio de la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingeniería sin Fronteras pone cifras a la aplicación de la ley catalana, convertida en un ensayo general de una ley que garantice el derecho humano a la vivienda. Su implementación “no ha sido fácil” cuentan los autores del informe y “ha requerido de un gran esfuerzo, sobre todo de la administración local, la más cercana a la ciudadanía, para incorporar las obligaciones que se derivan de la ley”.
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