La investigación del caso Villarejo en la Audiencia Nacional ha permitido conocer la orden que regula el gasto de los fondos reservados del Ministerio del Interior, fuente de conflictos y escándalos de corrupción a lo largo de la democracia. Se trata de un norma establecida en 1995 por el Gobierno de Felipe González que, otra vez, se encuentra bajo sospecha por el uso que se le dio durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
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