Una magistrada ve indicios de falsificación de documentos públicos en la consulta interna de hace un año y pregunta a la Fiscalía si la investigación se tiene que llevar a cabo en Burgos o Valladolid. En la denuncia se incluyeron como presuntos delitos los de falsedad documental, suplantación de identidad, corrupción entre particulares, daños y revelación de secretos.
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