Los monitorios, un procedimiento específico en el que particulares y empresas se reclaman facturas impagadas sin límite de cuantía regulado en los artículos 812 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se han disparado y retornan a niveles similares a los de la crisis financiera. En 2021, de acuerdo con datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se registraron 804.686. Fue la primera vez que se rebasaba la cota de los 800.000 desde los fatídicos años de aquel crash económico que se produjo en España entre 2008 y 2014.
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