La magistrada que investiga los presuntos chanchullos en los contratos para el suministro del altar, las mochilas del peregrino, los sanitarios químicos, los alojamientos, la publicidad o la difusión del evento, decidió este lunes suspender las declaraciones previstas para enero y febrero a petición de varias de las defensas. Los delitos que presuntamente se podrían haber cometido son los de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración.
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