Aquella resolución señalaba que, de las diligencias de investigación practicadas, se desprendían “indicios racionales” de que un grupo de personas congregadas a las puertas, alentaron a romper los cordones policiales, con actos violentos y desobedeciendo las órdenes de los agentes, logrando acceder a la cuarta planta del edificio, con una pitada y profiriendo graves insultos hacia los miembros de la Corporación Municipal. Hechos que podrían integrar, según detallaba el auto, y “sin perjuicio de ulterior calificación” y delitos de atentado
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