El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha estimado una demanda interpuesta por uno de los sancionados por participar en una manifestación de Rodea el Congreso no autorizada que se celebró el 27 de octubre de 2012 por considerar que la sanción vulnera los derechos fundamentales de defensa y a la presunción de inocencia. Con motivo de la protesta, la Delegación de Gobierno en Madrid abrió expediente a 300 personas que fueron identificadas por la Policía en la manifestación no comunicada.
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