La desolación e impotencia se han apoderado de Josefa Sarmiento. Ella es una de las más de 800 personas de todas las Islas Canarias que han recibido una multa por no ceder su vivienda a un operador turístico, aunque las afectadas podrían llegar, potencialmente, a las 70.000. Todo se debe a una ley aprobada en 2013 puesta en vigor 10 años después que obliga a los propietarios de las residencias a ceder sus posesiones a un sector que, poco a poco, está consumiendo las islas, según denuncian los residentes insulares.
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