Amanecía el 6 de abril de 1996 y ocho activistas acababan de cortar los cables de seis centímetros de ancho y 800 metros de largo que se utilizaban para verter hormigón en las obras de la presa. Apenas cuatro minutos duró una de las mayores y más ambiciosas acciones de desobediencia civil realizadas en el Estado español. Las consecuencias de ese acto pacífico, público y no violento que consiguió paralizar las obras durante nueve meses perduran, sin embargo, 28 años después.
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