La constructora OHL habría abonado presuntamente sobornos millonarios a funcionarios y altos cargos de diferentes administraciones para asegurarse grandes contratos de obra pública. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió los pagos entre la documentación que incautó a la cotizada durante uno de los registros de la operación Lezo en 2017.
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