Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitido al juez Pablo Ruz no ha encontrado relación entre las adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el PP a las empresas que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas y dichas entregas de dinero, lo que descartaría un delito de cohecho.
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